Procurador Ordóñez propone revolcón en el Consejo Superior de la Judicatura

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El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, propuso un revolcón al interior de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, encargada de llevar los procesos disciplinarios a los abogados y funcionarios de la Rama Judicial.

Según señaló, de acuerdo a los estándares internacionales, debe modificarse la forma cómo estos procesos se elaboran, a fin de garantizar que se trate de un proceso justo.

Ya que esas decisiones de la Judicatura sobre un abogado o un fiscal no tienen una segunda instancia, ni un control posterior, el procurador Ordóñez propuso que se haga una división interna entre el magistrado que investiga y acusa y aquel que toma la decisión.

Actualmente, el magistrado que adelanta el caso puede asistir y tiene voto en la Sala en la que se pone a discusión el proyecto de fallo que realizó. Esto, para Ordóñez, debe cambiar.

“La cuasi separación de roles de investigación y juzgamiento debería ser completa. Es decir, podría pensarse que un magistrado adelante la investigación y efectué la acusación, sin que este participe en al decisiones que adopte la sala plural respectiva”, señaló.

En su exposición, Ordóñez trajo a colación que fue por decisión de la Corte Constitucional que al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se separaron las funciones de investigación y de juzgamiento de los funcionarios aforados.

Haciendo un símil, para Ordóñez esto mismo debería suceder para los procesos disciplinarios. “Tal y como está diseñado el procesos disciplinario, existe al menos una razón suficiente para considerar que las funciones estén en la misma Corporación judicial pero con una separación interna”, señaló.

Ahora bien, Ordóñez defendió los procesos disciplinarios de tipo verbal y ordinario que se adelantan en la Procuraduría General de la Nación en el entendido que esas decisiones son actos administrativos que pueden ser demandados ante el Consejo de Estado.

Según su exposición, si bien la investigación y el juzgamiento la lleva un mismo funcionario, el control posterior da garantías suficientes a los implicados.

“Las providencias de archivos y fallos disciplinarios son demandables. Ese control es el que explica la razón por la cual no es injusto concebir un modelo en que las funciones estén en cabeza de una misma persona. De tal suerte que el funcionario disciplinario debe ser consciente de que sus actuaciones pueden ser debatidas y cuestionadas ante un juez”, señaló Ordóñez.

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