«Un gobierno débil no puede hacer la paz»: Lafaurie

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Como buen alvarista que es, el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, acudió ayer en la mañana al plantón que familiares y amigos del inmolado líder Álvaro Gómez Hurtado realizaron al frente de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.
Desde allí exigió que el crimen del dirigente conservador, ocurrido hace 18 años, sea considerado de lesa humanidad, con el fin de que no prescriba su investigación, y los autores intelectuales del homicidio sean castigados algún día.
Lafaurie se mantiene muy activo por estos días, no solo en la capital de la República. Desde hace unas semanas comenzó una serie de viajes por diferentes regiones del país, para mostrar su deseo de ser el candidato oficial del Partido Conservador, colectividad que el próximo 4 de diciembre debe realizar una convención de la que salga el escogido para ir a las presidenciales.
Recientemente estuvo en Manizales, y LA PATRIA conversó con él acerca de temas vitales para el país como la caída de la reforma del fuero militar, los problemas de la justicia en Colombia, la esquiva posibilidad de firmar la paz y también sobre la opción de hacer alianzas con el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, entre otros.

A la espera de la convención
– ¿Cómo ha sido su camino para convertirse en el posible candidato presidencial del Partido Conservador?
La política se hace con ideas, con opinión. Yo he opinado desde la perspectiva de dirigente gremial. Esas opiniones han calado en amplios sectores que piensan de manera muy similar. El partido quiere tener candidato y me invitó a participar. El 4 de diciembre se tendrá la convención, y no cabe la menor duda que trataré de tener ese espacio para llevar las banderas del Partido Conservador.

– El pasado fin de semana el Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, escogió a Óscar Iván Zuluaga como su candidato presidencial. ¿Estaría dispuesto a hacer alianzas con ellos?
Colombia merece tener una política clara de aquellos que pensamos en el marco ideológico, conceptual y doctrinario de centro derecha. El Centro Democrático y el Partido Conservador tienen esa misma inclinación, y por consiguiente, si el conservatismo escogiera un candidato presidencial, no es descartable hacer una convergencia, y usar las elecciones del 9 de marzo del 2014 para que ambas fuerzas diriman quién tendría la vocería el 25 de mayo. Creo que todavía es temprano para saber cómo se moverán esos escenarios políticos.

Fuero, paz y justicia
– La Corte Constitucional tumbó la reforma del fuero militar, y a cambio el gobierno presentó un proyecto para la defensa técnica de los militares. ¿Cómo ve eso?
Me gusta mucho más la fórmula de la Constitución del 86, que incorporó luego en la de 1991, y no el fuero recortado que pretendía aprobarse con esa reforma. Es mucho más claro el artículo 221 de la Constitución: Será juzgado por tribunales castrenses aquel miembro de la fuerza pública que haya cometido delitos en relación con el servicio. Eso es muy claro. Hay un bloque de constitucionalidad de derechos humanos que evidentemente tiene que respetarse, por lo que creo que desde un principio el Gobierno debió crear el fondo para la defensa técnica judicial y gratuita para los miembros de la fuerza pública, que ahora propone. No hay derecho a que hoy haya 2 mil militares presos y 15 mil encartados, en buena parte porque hay ONG dedicadas a impedir la acción de la fuerza pública para combatir el crimen. Gran parte de esos procesos los llevan jueces que ni siquiera han pagado el servicio militar y, por consiguiente, no entienden cómo se desarrolla una operación.

– ¿Cree que este Gobierno podrá lograr la paz?
Las personas del campo decimos que uno no ensilla las bestias antes de traerlas y el Gobierno está haciendo eso con el hipotético referendo constitucional que quiere hacer coincidir con las elecciones. Cuando uno analiza los temas de La Habana concluye que aunque Santos insiste en que tenía los astros alineados se le desalinearon desde el primer momento, cuando les entregó a las Farc una condición prevalente. No les gusta el Marco Jurídico para la Paz, ni el referendo, han dicho que no pagan un día de cárcel y creen que pueden volver conexo incluso el delito del narcotráfico, y los de lesa humanidad, y consideran que no son victimarios. La sociedad no aceptaría que Timochenko llegue al Congreso a suscribir nuestras normas de convivencia. Peor cuando se piensa en la posibilidad de hacer una suspensión del proceso, lo que significa un paréntesis de ocho meses. Hace poco revisé un diálogo de Álvaro Gómez con Jacobo Arenas, y este último le decía: yo quiero hablar con Usted porque llevamos 30 años tratando de hacer la paz con los liberales y no hemos podido, ahora queremos hacerla con un duro. Eso qué significa: un gobierno débil no puede hacer la paz, y además este gobierno tiene que afrontar dos procesos electorales. Así es muy difícil. Suspenderlo me parece un error, lo que tiene que hacer es acabarlo. Que sea el próximo presidente el que resuelva si le interesa llegar a una paz negociada con los criminales o si, por el contrario, aplica la ley y la Constitución para someterlos. El día que ellos acepten las instituciones colombianas, y acepten un marco de sometimiento judicial, bienvenidos. Siento que los colombianos no quieren volver a vivir la vorágine de violencia que les tocó vivir durante años de manera resignada, por falta de garantías del Estado.

– La justicia colombiana afronta por estos días varios escándalos de corrupción. ¿Cómo ve la posibilidad de hacer allí una gran reforma?
Se están cumpliendo 18 años del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, y es paradójico que quien tanto insistió en una reforma sustantiva a la justicia, y quien en la Constituyente propuso crear la Fiscalía General de la Nación siga aún sin que esa entidad haya podido resolver su crimen. La Fiscalía tiene una gran deuda con Álvaro Gómez, y podría empezar a pagarla esclareciendo su asesinato. Es evidente que hoy los colombianos sitúan al sistema judicial en el mismo nivel de cuestionamiento en el que tienen al Congreso y a los partidos políticos, que junto con la Corte Suprema son los peor calificados en la reciente encuesta de Gallup. Hasta allá hemos llegado. Esto obliga a que tal y como lo dijo Álvaro Gómez, en Colombia hagamos un acuerdo sobre lo fundamental, y eso es volver al imperio de la ley. Para ello se necesita una justicia pronta y confiable, para que los colombianos no tengan que recurrir a otros mecanismos para hacerse justicia por sus propias manos. La justicia es el centro de gravedad de una sociedad democrática.

Agenda para el agro
Como experto sobre los temas del agro, Lafaurie se refirió a su pasado, presente y futuro en Colombia. Estas son algunas de sus ideas sobre este sector estratégico para la economía nacional:
-«El tema agrario ha sido olvidado en los últimos 30 o 40 años. Quizá los últimos debates de fondo se dieron en los años 60, con la reforma agraria, cuya visión es retardataria, y afectó mucho el desarrollo rural y el desarrollo del país».
-«Creo que Colombia tiene en el agro inmensas posibilidades. Si tuviera un gobierno capaz de enrutar las evidentes ventajas comparativas que el país tiene como trópico, para alinearlas en la visión de tener una oferta agroalimentaria importante para los próximos 30 o 40 años, pasaríamos de ser un país en vías de desarrollo, para ser un país desarrollado».
-«El gobierno solo ha entendido el lenguaje de los poderosos, de los ricos o de los que tienen armas, en cambio, los pequeños y medianos productores campesinos, esos sí están fuera de su mirada y, por su puesto, de la mesa de negociación con las Farc».
– «El gobierno trastocó las agendas. Confundió la mesa de negociación de La Habana con el hambre, en Nariño, Boyacá y Cundinamarca, por el impacto de los TLC o por la crisis de rentabilidad. Una cosa son las conversaciones de La Habana sobre zonas de reserva campesina, extinción de dominio, etc. y otra muy diferente los problemas que llevaron a las protestas de los productores agrícolas».
– «El Gobierno habla de un millón de hectáreas restituidas gracias a la Ley 1448. Eso es falso. No se pueden decir esas cosas de manera impune. Se habrán restituido 3 mil o 4 mil hectáreas, nada más. Otra cosa es que entregue baldíos, como lo han hecho todos los gobiernos, pero engañar con las cifras no solo perjudica al sector, sino al propio gobierno, porque la gente sabe que eso no es cierto».

Fuente La Patria

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