Nicaragua propone reforma constitucional con límites marítimos

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió hoy a la Asamblea Nacional (Parlamento) una iniciativa de reforma parcial de la Constitución Política, que incluye nuevos límites con Colombia en el mar Caribe, acordes con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas de noviembre de 2012.

El jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Congreso, el diputado Edwin Castro, declaró a periodistas que el proyecto de reforma está siendo presentado a la dirigencia de los partidos opositores.

Indicó que el FSLN destinará todo noviembre para someter el proyecto a consulta con diversos sectores sociales, políticos y económicos del país para construir un consenso sobre la iniciativa.

Castro recordó que la actual Carta Magna de Nicaragua establece que toda reforma constitucional debe aprobarse en dos legislaturas, condición a la que se someterá la dirigencia sandinista.

En tanto, el presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), Indalecio Rodríguez, dijo hoy a una televisora local que el proyecto contará con el apoyo liberal, al menos en lo que se refiere al establecimiento de los nuevos límites del país en el Caribe.

Por su parte, el especialista en derecho internacional, Mauricio Herdocia, opinó que es correcto que el proyecto incluya los nuevos límites fronterizos de Nicaragua, que no solamente tiene fronteras con Costa Rica, en el sur, y con Honduras, en el norte.

«Es el momento de reconocer que nuestro país tiene fronteras también con El Salvador, en el golfo de Fonseca en el oceáno Pacífico, y con Jamaica, Colombia, y Panamá en el Mar Caribe», indicó el especialista.

Los nuevos límites de Nicaragua son incluidos en el proyecto de enmiendas porque la CIJ, con sede en La Haya, otorgó a Nicaragua soberanía sobre una amplia extensión en el Caribe cuya soberanía hasta noviembre de 2012 ostentaba Colombia.

El gobierno colombiano de Juan Manuel Santos no ha reconocido a la fecha el fallo inapelable del tribunal de la ONU por considerar que la CIJ incurrió en «omisiones, errores, excesos e inconsistencias» que son inaceptable para su administración.

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