El procurador General de la Nación , Alejandro Ordoñez, se mostró en desacuerdo con el concepto del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que definió que los grupos no lleven el nombre, apellido o rostro de una persona en el logo de su movimiento, por lo que el próximo martes pedirá la revocatoria directa de la norma ante la entidad electoral.
«He dado instrucciones a la procuradora María Eugenia Carreño para que el martes interponga la revocatoria directa, por considerar que tal decisión está discriminando a un grupo significativo de ciudadanos, afectando al derecho de igualdad de todos los partidos políticos de escoger el logo, las fotografías y los nombres que tengan, siempre y cuando no lleven los símbolos patrios o expresiones antidemocráticas», dijo el funcionario durante el Foro Garantías Electorales, realizado en al Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali.
El jefe del Ministerio Público afirmó que este pronunciamiento el CNE interfiere con «la decisión de un partido y se desconoce el debido proceso porque el movimiento (Centro Democrático) ya había iniciado un proceso de recolección de firmas» para la precandidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga.
Sobre lo anterio, el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, afirmó que el concepto del CNE es si estaba vigente o no la doctrina que prohíbe el rostro o nombre de un candidato, la cual existe desde el 2006.
«Mientras no revoquen el concepto, está vigente la doctrina de que no se inscriban los candidatos de esta forma», dijo el Registrador y aclaró, además, que el Centro Democrático podrá continuar con la recolección de las firmas, pero que deberá rectificar el logosímbolo de las actas, sin que esto afecte las ya recogidas.
Sobre las garantías electorales
En Cali comenzaron los foros Garantías Electorales, con los cuales las autoridades quieren «dar a conocer las reglas de juego del proceso electoral y que así no haya razón alguna para violar las disposiciones», según explicó la presidenta del CNE, Nora Tapia Montoya.
La funcionaria explicó que, en el caso de la propaganda electoral para las elecciones legislativas, esta solo podrá ser usada en medios de comunicación a partir del 10 de diciembre próximo y en el espacio público a partir del 9 de diciembre.
Igualmente, indicó que según las normas electorales los partidos tienen un límite global de $30 mil millones para toda la lista del Senado, los cuales deberán ser repartidos de manera equitativa entre los candidatos.
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez afirmó que en las próximas elecciones hay que tener especial cuidado con la influencia que quieran ejercer las Farc, especialmente en el caso de las presidenciales. Sin embargo,
«Siempre ha habido amenazas de interferencia de los grupos armados y ahora ese riesgo se incrementa porque estos grupos tienen interés en intervenir. Ahí los organismos de control deberán estar muy presentes y activos».
Ordóñez aprovechó para recordar que para que los líderes de la guerrilla participen en política tendrían que «modificar la Constitución, pues si bien es cierto que el Marco Jurídico para la Paz dice que pueden hacerlo quienes hayan sido condenados por delitos conexos a los políticos, hay límites como el secuestro, el tráfico de drogas, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. No cualquier delito puede ser conexo».
Además, el funcionario pidió a la Registraduría y al CNE que, así como se hace con las elecciones presidenciales, las de Congreso también tengan una auditoria a la financiación de las campañas antes de los comicios.
Sobre el caso del Valle del Cauca, donde en las pasadas elecciones departamentales hubo un intento de fraude electoral, las autoridades afirmaron que se van a blindar con «una transmisión de datos muy rápida, un escrutinio inmediato y la grabación de las actas».