Cortes, en el ojo del huracán por ‘carrusel’ de pensiones

Por Oscar Montes

El llamado ‘carrusel’ de las pensiones, en el que estarían involucrados magistrados de las altas cortes, concretamente del Consejo Superior de la Judicatura, ha tomado en las últimas semanas un giro dramático para quienes desde los altos tribunales están llamados a administrar justicia, pues algunos de ellos hoy son señalados de tener actuaciones indelicadas o abiertamente inmorales.

El tema tiene que ver con las pensiones de magistrados auxiliares, quienes después de trabajar algunos pocos meses, e inclusive semanas, se han retirado con pensiones de hasta 18 millones de pesos, cuando de acuerdo con sus aportes solo podrían acceder a pensiones de 4 millones de pesos. Los magistrados, amparados en el Régimen de Transición del Régimen Especial de la Rama Judicial, sostienen que el volumen de trabajo que hay en sus despachos los obliga a contratar magistrados auxiliares para que les ayuden a proyectar los fallos. Tanto el presidente Juan Manuel Santos, como el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, han salido a terciar en el tema.

El primero pidiendo que no se puede generalizar el tema del ‘carrusel’ y el segundo diciendo que hay que tener cuidado de no afectar derechos adquiridos.

La contralora general, Sandra Morelli, por su parte, declaró que investigará a todas las altas cortes que hayan incurrido en el llamado ‘carrusel’ de pensiones, anuncio que ha tenido muy buen recibo, puesto que tiene muy mala presentación el hecho de que haya funcionarios de la Rama Judicial que cuenten con gabelas que les son negadas a la inmensa mayoría de los colombianos.

No hay duda de que, aunque legales, dichos privilegios son abiertamente inmorales. ¿Qué hay detrás del ‘carrusel’ de pensiones de las altas cortes? ¿Por qué razón las altas cortes asumen la solidaridad de cuerpo, cuando esa misma práctica es cuestionada en otras instituciones del Estado? ¿Qué justificación tiene el ‘carrusel’ de las pensiones?

¿Qué hacen los magistrados titulares?
Al ser interrogada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Julia Emma Garzón, magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, abrió con sus respuestas el interrogante de saber no solo quienes son los que de verdad fallan los procesos disciplinarios, sino cuál es la calidad de justicia que están administrando. Ella sostuvo que un magistrado auxiliar debe proyectar 10 fallos a la semana, es decir 2 por día. En otras palabras, justificó tantos nombramientos en el hecho de que hay muchos procesos que deben ser evacuados y que por ello se requiere designar magistrados auxiliares para que hagan las investigaciones y proyecten los fallos. Si ello es así, entonces surge la pregunta de en qué momento los magistrados titulares conocen los textos, los corrigen y se enteran de los procesos que llevan sus compañeros de Sala. Lo cierto es que, frente al número de fallos proferidos, los tiempos no cuadran, lo que lleva a una sola conclusión: los magistrados titulares firman sin leer los fallos proyectados y quienes trabajan son los magistrados auxiliares, quienes no son elegidos por el Congreso de la República. Pero, además, el exceso de trabajo por parte de un alto tribunal tampoco puede justificar no solo la rotación injustificada de la nómina, sino la ligereza en la que estarían incurriendo los magistrados titulares al descargar todo el peso de las investigaciones en sus subalternos. La congestión judicial no solo es un mal de las altas cortes, sino de la Rama en general. Hay que ver cómo se encuentran de atiborrados los despachos judiciales en todo el territorio nacional, sin que ello justifique “carruseles judiciales”, como han sido denunciados.

El mal ejemplo de la solidaridad de cuerpo 
El escándalo destapado inicialmente por los medios de comunicación y luego oficializado por la Contraloría General de la República, que abrió proceso de responsabilidad fiscal a los magistrados nominadores, quienes estarían aplicando esa inmoral práctica, ha generado por parte de magistrados de otras altas cortes una especie de solidaridad de cuerpo, en tanto han reaccionado en contra de cualquier vigilancia a este delicado asunto, sobre todo cuando la Contralora anunció que haría extensiva la investigación a otros tribunales. El tufillo de ‘intocabilidad’ que deja ver la protesta generalizada de los magistrados de las altas cortes, quienes, inclusive, han programado visitas conjuntas a los medios de comunicación para «aclarar dudas», no deja de ser preocupante frente a una Rama del Poder Público cuya percepción general debe ser la de absoluta transparencia, como quiera que se trata de quienes tienen a su cargo la tarea de juzgar, que es la que necesita la más alta condición moral. La razón es muy simple: para juzgar la conducta de los otros lo más importante es, ante todo, no tener rabo de paja. Y mucho me temo de que en esta oportunidad, los magistrados están dando la imagen de que sí lo tienen, pues al escuchar los anuncios de la Contralora, han optado por buscar protección bajo la sombrilla protectora del espíritu de cuerpo, expresado en supuestas ventajas forales, que no hacen sino dar la imagen de que el que la debe la teme. El espíritu de cuerpo, que tanto se critica en otras instituciones, como las Fuerzas Armadas, no puede ser utilizado para pretender justificar actuaciones abiertamente inmorales o con pésima presentación ante la opinión pública.

¿Pensión o ganancia ocasional?
El debate sobre el ‘carrusel’ de las pensiones no es sencillo desde el punto de vista estrictamente legal, puesto que los magistrados pueden alegar que la Ley les permite nombrar funcionarios por tiempos exiguos para que tengan la posibilidad de ‘cuadrar’ pensiones. Ello puede ser cierto si se hace una lectura literal de la norma, pero cuando se repiten con inusitada frecuencia esos nombramientos con similares consecuencias, se podría estructurar un fraude a la Ley. Para no hablar de los rumores según los cuales detrás de los nombramientos lo que hay es el pago de favores entre magistrados. No se entiende cómo si el pago de favores a congresistas produjo el gran escándalo por la reelección de Álvaro Uribe, en esta oportunidad se pretenda justificar esa conducta. Además, como las personas que se han pensionado obtuvieron retroactivos de 400 y hasta 900 millones de pesos, producto del ‘golpe de suerte’ de su nombramiento, lo que rompe con las reglas del equilibrio del sistema pensional, es obvio que las autoridades tributarias podrían darle a esa pensión, así como a los retroactivos, el tratamiento de una ganancia ocasional y descontarles el 35% de impuestos, pues resulta evidente que quienes se pensionaron por ese ‘atajo’ es como si se hubieran ganado la lotería. Su pensión no es proporcional a sus aportes, sino del hecho de tener amigos en esa Corte.

Situación éticamente aberrante
El escándalo que los medios de comunicación han llamado el “carrusel” de las pensiones, que da cuenta del nombramiento de magistrados auxiliares en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quienes estando a punto de pensionarse son contratados, amparados por el régimen de transición del régimen especial de la Rama Judicial que les permite pensionarse con el salario más alto del último año, es decir, en la práctica, con el salario más alto del último mes, es una situación éticamente aberrante para la Rama Judicial y presupuestalmente ruinosa para el Estado que tiene que pagarlas. Hay casos comprobados de magistrados que duraron uno o dos meses, o incluso apenas semanas, quienes salieron a disfrutar de pensiones de 18 millones de pesos, cuando a lo sumo apenas cotizaron sobre 4 millones, generando una desproporción en el ingreso, que es tanto como si se hubieran ganado la lotería. Es decir, se trata de una ganancia ocasional, que debería ser gravada de esa misma forma. Aunque los magistrados implicados se han negado a reconocer el hecho, y han señalado razones mendaces y francamente increíbles para explicar la alta rotación de los nombramientos en sus despachos, es lo cierto que la evidencia es tan abrumadora que la Comisión de Acusación de la Cámara, que poco investiga, abrió investigación a cerca de 60 magistrados. ¡Cómo será el tamaño del ‘carrusel’!

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