Legalizan captura de funcionarios judiciales

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El juez 52 con función de garantías legalizó la captura de los 11 funcionarios del complejo judicial de Paloquemao, quienes fueron detenidos en la mañana de este jueves por ser los presuntos responsables de manipular el sistema de procesos penales con el fin de beneficiar a algunos procesados.

En su intervención el funcionario judicial consideró que el juez tercero municipal de Tunja, quien profirió las órdenes de captura en contra de los funcionarios, había actuado en la ley por contar con toda la competencia judicial.

Por lo cual, las detenciones a manos de miembros del CTI fueron pertinentes y no podrían contar con ninguna irregularidad. “A los funcionarios se les respetaron los derechos procesales”, expresó el juez.

Durante la diligencia también se avaló el allanamiento que días atrás realizó el cuerpo de investigación de la Fiscalía, en donde se encontraron cerca de 11 millones de pesos pertenecientes a uno de los involucrados en el escándalo y quien al parecer no pudo sustentar la procedencia del dinero.

En estos momentos, los abogados de los funcionarios se encuentran apelando la decisión del juez, por lo cual se estima que la audiencia continúe hasta altas horas de la noche.

Esto debido a que aún la Fiscalía no ha podido imputarle a los capturados los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por acción, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias por los cuales ellos tendrían que responder.

De ser condenados los funcionarios podrían enfrentarse a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Lo que llevó a la captura

Uniformados de la Dijin de la Policía Nacional hicieron efectivas las capturas de 11 personas por presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en el centro de servicios del complejo judicial.

Según la investigación de la Fiscalía, los funcionarios habrían pagado entre 500 mil pesos y 100 millones de pesos para manipular algunos procesos.

Colprensa conoció que entre las presuntas irregularidades estaría el realizar varios repartos al mismo caso con el fin de que éste llegará a manos del juez que actuaría en favor de la persona vinculada a dicho proceso.

Además, se pudo confirmar que dentro de dichos procedimientos los jueces entregaban boletas falsas de libertad para que los reclusos salieran de los centros de reclusión, aunque no cumplieran con los requisitos para hacerlo.

Según el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, también se investiga la posible entrega de millonarias sumas de dinero a los funcionarios, “se trata de un hecho grave de corrupción al interior de la rama jurisdiccional, debido al mismo interés que manifestó el Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Administrativa de solicitar investigaciones”, dijo.

En el marco de la investigación, la Fiscalía cuenta con cerca de 10 testigos y varias grabaciones, que habrían ayudado a esclarecer las pesquisas y dar con la captura de los que hoy deben responder por dichas irregularidades.

Colprensa además estableció que uno de los testigos sería una de las personas involucradas en los hechos, sin embargo, esta persona estarían colaborando con el ente acusador para esclarecer el escándalo.

Fuentes cercanas al proceso aseguraron que esta investigación nació en el ente acusador desde el año 2011, sin embargo no habrían dado con ninguna captura puesto que siempre se ‘presentaba algo que interrumpía el operativo’. En el ente investigador están seguros que este fenómeno no es solo de Bogotá, sino que en más partes del país también se estaría presentando.

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