Los tres juicios que amenazan con quebrar a Ecuador

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Ecuador acusa desde hace muchos años a la petrolera estadounidense por la grave afectación ambiental provocada en la Amazonía como consecuencia de la explotación de Texaco, filial de Chevrón.

Pero lejos de recibir una compensación económica por los daños, el país está cada vez más cerca de que la campaña tenga el resultado contrario y termine siendo Ecuador quien deba pagar a la compañía.

El 6 de junio de 2013, James Boasberg, un juez de Columbia, Estados Unidos, confirmó el fallo de un tribunal holandés por el que el país debe pagarle 96,3 millones de dólares a Chevron por violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI), según informa El Comercio.

El argumento es que en siete procesos judiciales que tuvieron lugar en tribunales ecuatorianos entre 1991 y 1993, sus reclamos de compensaciones por haber entregado crudo en exceso al Estado no fueron atendidos.

Para cobrar lo que le correspondería, Chevron podría solicitar el embargo de bienes del Estado no sujetos a inmunidad, como su flota de barcos para exportar crudo, cuentas y aviones.

Los abogados de Ecuador evalúan apelar ante la Corte de Columbia para mantener los posibles embargos en suspenso.

Un incumplimiento de esta sentencia complicaría al país en otro juicio que está afrontando, en el que fue demandado por la petrolera estadounidense Occidental, luego de que el Estado decidiera romper un contrato unilateralmente.

En la actualidad se encuentra en suspenso la ejecución de la multa de 1.769 millones de dólares que fue obligado a abonar. Esta suspensión podría caer como consecuencia de un incumplimiento en el juicio contra Chevron.

Pero la demanda que más asusta al gobierno de Rafael Correa es la Chevron III, prácticamente perdido luego de que, el pasado 17 de septiembre, un tribunal arbitral de La Haya dictó un laudo parcial definitivo a favor de Texaco.

La sentencia establece que Ecuador no puede demandar a la petrolera invocando la violación de derechos colectivos por daño ambiental. La causa es que en 1998 el Estado certificó que Texaco remedió sus pasivos ambientales.

De confirmarse el fallo, el Estado debería hacerse cargo de la compensación de 19 mil millones de dólares dictada por la Corte de Lago Agrio a favor de los particulares damnificados por la contaminación en la Amazonía.

Según el canciller Ricardo Patiño, esto dejaría al Estado al borde de la quiebra, ya que el monto a pagar representa más del 50% del presupuesto nacional.

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