El Polo perdió batalla por curul de Luis Carlos Avellaneda

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Bogotá, 24 de Septiembre ¬_RAM_.- El Consejo de Estado negó la tutela presentada por el partido Polo Democrático Alternativo (PDA), con la cual pretendía que se declarara la vacancia definitiva de la curul que actualmente ocupa el Senador Luis Carlos Avellaneda y que, en su lugar, se posesionara al exsenador Jaime Dussán Calderón.
Según el partido político, la Comisión Nacional de Ética y Garantías de esa colectividad encontró que Avellaneda militaba en el Movimiento Progresistas, al punto que el Senado de la República lo reconocía como vocero del mismo, por lo que declaró su exclusión del registro de afiliados al Polo dentro del trámite de un proceso disciplinario que se le seguía. Sin embargo, el congresista sostiene que no ha renunciado a su curul.
La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, señaló que el desconocimiento del régimen de bancadas solo genera sanciones de tipo disciplinario al interior de las mismas colectividades, las cuales pueden incluir la pérdida del derecho de voto del congresista por el resto del período para el cual fue elegido.
“El ordenamiento jurídico actual no prevé la pérdida de la curul para el candidato que una vez elegido y posesionado sea excluido del partido político por doble militancia, pues si bien se trata de un hecho éticamente reprobable que puede ser sancionado disciplinariamente por los respectivos partidos políticos, no implica la sanción legal que la parte demandante pretenden obtener”, indica el fallo.
La Sala explica que el juez no puede crear sanciones para reprimir ciertas conductas, cuando la normatividad legal no las contempla.
“No es posible que por vía de tutela, sin que medie un proceso adelantado por el juez natural del asunto, se desconozca la presunción de legalidad del acto administrativo que declaró elegido al señor Avellaneda como Senador y que le expidió las credenciales para que ejerciera esa dignidad. Tampoco son el Presidente del Senado de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral las autoridades públicas competentes para dejar sin efecto o desconocer el referido acto administrativo”, concluye la sentencia.

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