Nuevos paramilitares bloquean restitución de tierras a campesinos

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Bogotá, 17 de septiembre (Télam).- Los grupos herederos de los paramilitares que siguen ejerciendo violencia y la falta de justicia en Colombia son los principales obstáculos para la restitución de las tierras despojadas a campesinos durante el largo conflicto armado, según un informe de Human Rights Watch (HRW) difundido hoy en Bogotá.

La ONG presentó el informe «El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia», en el que estudia los dos primeros años de vida de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, «la iniciativa más importante de Derechos Humanos impulsada por el Gobierno de (Juan Manuel) Santos», según dice.

La restitución, así como el fin del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son los principales retos que se ha marcado Santos en su mandato de cuatro años, que terminará en agosto de 2014.

En el documento, de 215 páginas y que fue recogido por EFE, la entidad analiza los principales obstáculos que ha sufrido la iniciativa de restitución de tierras, entre los que están el accionar de los grupos armados al margen de la ley y, en especial, los herederos del paramilitarismo.

Al respecto, puntualiza que «Colombia no ha podido contrarrestar significativamente» el surgimiento de estos grupos tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.

«En la mayoría de los casos de asesinatos, tentativas de homicidio y nuevos incidentes de desplazamiento forzado, la evidencia sugiere en forma persuasiva que grupos sucesores de los paramilitares, en particular (la banda de) Los Urabeños, serían responsables», reseña el informe sobre el grupo más numeroso y organizado de los conocidos ahora como bandas criminales (bacrim).

Human Rights Watch señala a este grupo, así como en menor medida a «terceros» -ganaderos y empresarios- que adquirieron u ocuparon tierras de personas obligadas a abandonarlas y a la guerrilla de las FARC, en este orden, de asesinatos de líderes de restitución de tierras, secuestros, múltiples amenazas y nuevos desplazamientos.

Alerta que «el patrón de abusos se extiende por todo el país», aunque focaliza la mayoría de los casos en la región del Urabá y en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Chocó, Cesar y Sucre, todos ellos históricos feudos paramilitares y, aún hoy, con una significativa presencia de estos grupos.

El informe también denuncia la «falta de justicia» por los delitos cometidos en el pasado y en el presente y advierte que, en la actualidad, «las autoridades judiciales restan seriedad a la naturaleza de las amenazas, no se contactan con las víctimas o se niegan a recibir las denuncias».

Según datos divulgados en el documento, menos de uno por ciento de los cerca de 50.000 casos de desplazamiento investigados por la Justicia han acabado en condena, un hecho que «transmite a los responsables que no tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos».

Con cerca de cinco millones de personas obligas a abandonar sus casas y parcelas por el conflicto armado, Colombia tiene la población de desplazados internos más grande del mundo y se calcula que unos seis millones de hectáreas han sido usurpadas por grupos armados, sus aliados y terceros. (Télam)

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