Gobierno no quiere criminalizar la protesta, busca proteger ciudadanos

Compartir:

Jorge Bedoya, viceministro de Defensa y el experto en Derecho Penal y profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, analizaron en RCN La Radio el polémico proyecto con el que se criminalizaría la protesta en Colombia.

El proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Defensa busca «proteger a la ciudadanía y luchar contra la criminalidad». Allí se proponen penas más estrictas contra la microextorsión de drogas y otros delitos, entre ellos una supuesta criminalización de la protesta, que fue desmentida por el viceministro.

Según Bedoya el artículo sobre la protesta «es muy claro y establece que quienes obstaculizan vías, quienes vulneran los derechos de los colombianos como la movilidad, salud, alimentación y las consideraciones que afectan a la población cuando hay acciones violentas en el marco de las protestas, eso no quiere decir que se criminalice la protesta, pues sólo que hay unos agravantes».

Dentro de los «agravantes» que mencionó el viceministro está el «uso de menores, de personas en condición de discapacidad, uso de personas de la tercera edad. Quién se va a oponer a que se introduzca en el Código Penal una sanción por este tipo de acciones que van en contra de los ciudadanos».

«Simplemente lo que se está haciendo es darle mayores mayores herramientas al Estado para que en el marco de las protestas que serán legítimas y que tendrán toda la razón de ser, cuando se generen hechos violentos, obstaculizaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues haya mayores mecanismos de control», afirmó el Bedoya.

Sin embargo, el profesor Bernate aseguró que aunque el proyecto sí evidencia su preocupación por la protección de la ciudadanía, con la criminalización de delitos como la extorsión o el microtráfico, «sí se hace evidente la criminalización de las protestas (…) por criminalizar el hecho de que un ciudadano use una capucha y dificultar la identificación de un ciudadano».

«Todo esto tiene agravantes (…) porque se desconocen derechos humanos. Esta es una norma que adolece de una constitucionalidad evidente. Además me preocupa que se criminalice también la actividad de los ‘pimpineros’ cuando se criminaliza el hecho del contrabando de hidrocarburos sin importar la cuantía», analizó Bernate.

Sin embargo, aclaró el viceministro de Defensa que en el tema de «la capucha», el proyecto solamente habla «de la utilización de elementos para impedir la identificación o presentación de identificación falsa. Y esto es explícito en el caso de un bloqueo de vías en medio de una protesta».

Bedoya dijo que en el caso de los menores se está generando un cuerpo especializado en cabeza del Bienestar Familiar para proteger a los niños y niñas utilizados dentro de protestas.

En el caso de la extorsión el proyecto «da más garantías» a quienes sufren este tipo de delitos en su contra, afirmó Bedoya.

El abogado Bernate incluso se refirió a la penalización de menores de edad (14 años) que sean responsables de delitos como homicidio, extorsión y actos sexuales abusivos como «simplemente besarse». El viceministro negó la acusación.

Fuente Rcn Radio

Compartir: