Realizan inspección judicial a la Contraloría

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Cerca de 40 agentes del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía General de la Nación realizaron una inspección a las instalaciones de la Contraloría General de la República en el occidente de Bogotá, para establecer irregularidades.

El procedimiento se realizó luego de la orden del vicefiscal General, Jorge Perdomo, con el fin de establecer si se estarían cometiendo anomalías por parte de este organismo de control, en interceptaciones y seguimientos en procesos de responsabilidad fiscal.

Así las cosas, durante la diligencia judicial se recolectaron elementos probatorios sobre presuntas interceptaciones adelantadas al exdirector del DAS y columnista Ramiro Bejarano, así como a la periodista Cecilia Orozco Tascón.

Dichos elementos obtenidos entrarán a una valoración especial por parte de la Fiscalia General de la Nación.

De la misma forma, con la inspección judicial se busca establecer si se presentaron irregularidades en el contrato de arrendamiento de la nueva sede del ente control ubicada en el occidente de Bogotá.

La asignación especial será conocida por el despacho del Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres.

El comunicado de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación viene adelantando investigaciones en contra de la doctora Sandra Morelli Rico y otros, en virtud de las denuncias presentadas por la Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría General de la República, referidas a presuntos sobrecostos en la contratación de las actuales dependencias del ente de control; así como la presentada por los ciudadanos Ramiro Bejarano Guzmán y Cecilia Orozco Tascón, relacionada con presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales.

En ese orden, el despacho del señor Vicefiscal General de la Nación dispuso practicar diligencia de inspección con el fin de verificar el cumplimiento de todos los elementos constitutivos del contrato de arrendamiento suscrito entre el organismo de control y la empresa Proyectos y Desarrollos UNO S.A., contrato cuyo valor asciende a la suma de dos mil quinientos ($2.500.000.000) millones de pesos mensuales.

Igualmente, la actuación judicial pretende recolectar elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permitan establecer o desvirtuar la existencia de los mencionados seguimientos o interceptaciones a los citados periodistas.

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