Campesinos esperan firmar entre hoy y mañana acuerdo con el Gobierno

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BOGOTA, Colombia (AP) — Voceros de los pequeños agricultores del centro del país aspiran a que antes del fin de semana se selle un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, que hace malabarismos para conseguir recursos adicionales por al menos 1.000 millones de dólares y atender el próximo año las necesidades del sector agrario.

La protesta de los cultivadores, iniciada el 19 de agosto y a la que se sumaron otros sectores como los camioneros que transportan carga, no sólo ha derrumbado la popularidad del mandatario sino que además tiene a sus planificadores económicos en busca de fuentes de financiamiento para cubrir los diferentes compromisos adquiridos para 2014, año de elecciones presidenciales.

Delegados del gobierno y de los pequeños cultivadores de papa, cebolla y lecheros, del centro y sur del país, reunidos desde el 27 de agosto en la ciudad de Tunja, a unos 130 kilómetros al noreste de Bogotá, han conseguido acuerdos en algunos de los temas reclamados por los productores como aranceles temporales a la importación de leche en polvo, papa congelada y otros siete productos desde países de la Comunidad Andina y Mercosur.

Tales aranceles regirían por dos años, pero no se ha indicado cuánto sería el gravamen de importación, según un comunicado de la mesa negociadora divulgado el miércoles por la noche.

Puede haber un acuerdo final «entre hoy y mañana (jueves o viernes), pero quedan los temas gruesos, como el tema del costo de los insumos (abonos y fertilizantes), el tema del financiamiento a los créditos y el tema del presupuesto» para el sector agrario en 2014, dijo en diálogo telefónico con The Associated Press desde Tunja César Pachón, vocero de los pequeños cultivadores de Boyacá, donde al menos la mitad de sus 1,2 millón de habitantes se dedican a la agricultura.

Los campesinos, dijo Pachón, calculan que se requiere de al menos 10 billones de pesos (unos 5.200 millones de dólares) para atender todos los reclamos –desde subsidios hasta créditos– de los productores de todo el país el año entrante. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que sus cálculos son de unos 2 a 3 billones de pesos adicionales (de unos 1.040 a 1.560 millones de dólares) a lo que ya está presupuestado para el próximo año, que es de 1,4 billones de pesos (unos 728 millones de dólares).

Cárdenas, en una entrevista con Caracol Radio, indicó que según la ley el gobierno no puede incluir en el presupuesto nacional gastos que no tengan una clara fuente de financiamiento y que aún no definen de dónde saldrán los fondos para los compromisos con el sector agrario, que a lo largo de todo el año ha protagonizado distintos paros y protestas que alcanzaron su cénit la semana pasada, cuando una marcha estudiantil en apoyo a los cultivadores culminó en violentos disturbios en zonas del centro y sur de Bogotá.

El jueves la policía antimotines intentó despejar un bloqueo en una carretera en el departamento de Cauca, al suroeste del país, en el que había unos 3.000 manifestantes. En el choque con las autoridades al menos cinco civiles resultaron levemente heridos, dijo en diálogo telefónico con la AP el gobernador de Cauca, Temístocles Ortega.

Los manifestantes estaban apostados desde hace 12 días a lo largo de un kilómetro de la principal carretera que conduce de Popayán, capital del Cauca, a Pasto, en el vecino departamento de Nariño, añadió el gobernador.

El funcionario dijo que las demandas del grupo son las mismas que las de los otros cultivadores y que el viernes está prevista una reunión con el vicepresidente Angelino Garzón y dos líderes campesinos de aquella región para discutir sus demandas.

El sector de camioneros de carga, que también estaba en paro desde el 19 de agosto en reclamo de una rebaja de 2.000 pesos (un poco más de un dólar) en el precio del galón de combustible, llegó la víspera a un acuerdo por el cual en lugar de aplicarse el descuento demandado se suspenderán las alzas que aplica cada mes el gobierno, una congelación de precios que sólo será hasta diciembre.

En ese plazo de tres meses se trabajará de forma conjunta sobre una nueva fórmula para calcular el precio del diésel, indicó Orlando Ramírez, de la Asociación de Transportadores de Carga, uno de los gremios que encabezó la protesta, en declaraciones divulgadas en el sitio de internet del Ministerio del Transporte.

Pero otro grupo de camioneros taponó desde las cuatro de la mañana (1000 GMT) del jueves una vieja carretera que comunica a Bogotá con Villavicencio –a 75 kilómetros al sureste de esta capital– con más de 70 camiones cargados de petróleo.

Los camioneros «llevan 17 días (con la protesta) y el gobierno no les ha parado bolas (o atención). Hay un pliego de peticiones de seis puntos y como no ha sido atendido tuvieron que llegar a las vías de hecho», explicó telefónicamente William González, uno de los voceros de esta manifestación.

Esa carretera, precisó González, fue bloqueada en dos sectores: en Bellavista por unas 2.000 personas y en La Nora por unas 1.000. «El bloqueo no se levantará hasta el gobierno los escuche».

Las protestas provocaron un desplome en la popularidad de Santos, un economista de 62 años, según una encuesta divulgada la víspera. Según el sondeo de la firma Gallup, la popularidad del mandatario cayó de 48% en junio a 21% en septiembre.

Santos, que no ha comentado la encuesta, debe anunciar en noviembre, el plazo máximo legal de seis meses antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2014, si buscará o no un segundo cuatrienio de gobierno.

El resultado de la encuesta, que entrevistó a 1.200 personas en cinco ciudades con un margen de error de tres puntos porcentuales, reveló el más bajo porcentaje de popularidad de un mandatario colombiano desde 1999, cuando el entonces jefe de Estado Andrés Pastrana (1998-2002) alcanzó el 21%.

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