La Corte Constitucional advirtió a las autoridades competentes que a la hora de hacer trasplantes de órganos en el país se deben respetar las listas de espera en las que están inscritos ciudadanos colombianos y extranjeros residentes.
La Corte estableció que incluir a extranjeros no residentes en las listas de espera vulnera los derechos de los ciudadanos colombianos y de los extranjeros que habitan en el país y que, por tanto, se acogen a la normatividad nacional.
“Se advierte que el deber de solidaridad del Estado colombiano para con los extranjeros no residentes en el territorio nacional en materia de salud se hace efectivo solo en situaciones que sean imprevistas e irresistibles, pues, en principio, corresponde al Estado del cual es nacional el extranjero garantizar su derecho fundamental a la salud”, señaló la Corporación.
Al fallar una tutela, la Corte estableció que no se vulnera el derecho a la igualdad de los extranjeros no residentes en Colombia con el artículo 40 del Decreto 2493 de 2004, que establece que los trasplantes de órganos a extranjeros no residentes se puede hacer, pero solo “en situaciones que sean imprevistas e irresistibles”, y siempre y cuando no haya colombianos esperando.
La Sala considera que «el tratamiento diferenciado consagrado en la referida normatividad es legítimo, en la medida en que busca garantizar los derechos fundamentales de los pacientes nacionales y extranjeros residentes que se encuentran en las listas de espera y, a su vez, pretende desincentivar el turismo de trasplante en el país”.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio a la hora de negar una tutela con la que Jordán Benedito Razzini, un ciudadano brasilero de 53 años que sufre de cirrosis hepática alcohólica, pretendía conseguir un trasplante.
Razzini había venido a Colombia por recomendación de su médico en Brasil, que le recomendó ir a Medellín ya que en su país natal las listas de espera de trasplantes son muy largas.
A Razzini le fue negado el trasplante por parte del Hospital San Vicente de Paúl, decisión confirmada por la Corte Constitucional.