Ineficacia e incumplimiento en diálogo del gobierno con los indígenas

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Gloria Zamora Patiño

A menos de un año del final del periodo de la actual administración, los espacios de diálogo y concertación de los pueblos indígenas con el Gobierno no parecen reflejarse como buenas prácticas y alcanzan un punto de tensión, tanto en lo nacional como en lo regional. Luego de casi dos años, lo que arrancó siendo un buen ejercicio de concertación, de carácter excepcional, dada la urgencia nacional de resolver el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y de expedir la Ley de Víctimas y los Decretos Ley sobre víctimas de grupos étnicos, terminó desvirtuándose a lo largo del tiempo por la falta de real voluntad política y de compromiso eficaz en el cumplimiento de los acuerdos pactados entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas y sus organizaciones representativas.

Las manifestaciones de esta ausencia de voluntad política se reflejan en los muy escasos avances en la implementación de las Leyes de la República sobre el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) y sobre la atención, reparación y restitución de tierras a víctimas indígenas (Decreto Ley 4633 de 2011), por las razones siguientes:

– Falta de apropiación de los acuerdos por parte de la institucionalidad, tanto en sus contenidos, como en la viabilidad de los mismos. En consecuencia no se hicieron las apropiaciones necesarias para cumplir los acuerdos, con destinación específica en 2012 ni en 2013 y no hay compromisos claros de apropiaciones presupuestales 2014. No existen presupuestos desagregados de gasto social para pueblos indígenas, adoptando un enfoque de presupuesto público basado en derechos, como lo recomienda Naciones Unidas
– Escaso conocimiento por parte de los funcionarios sobre la cuestión indígena y ausencia de voluntad política y compromiso institucional para buscar alternativas de solución. Las propuestas de decisión política las resuelven las entidades escudándose en inamovibles impedimentos jurídicos (Ley 715 sobre Transferencias, Sistemas propios de salud y educación, entre otros)
-. Agendas marcadas por los intereses de la administración y escaso interés por parte del gobierno en avanzar en la agenda propia de los pueblos indígenas. Sin embargo tampoco han sido muy eficaces en la tramitación de la agenda legislativa del Gobierno nacional, de lo cual no pueden responsabilizar a los indígenas, como en el caso del Código Minero, la Ley de Tierras y Desarrollo Rural o la reforma de las CAR.
– No se han establecido mecanismos e instrumentos de seguimiento, control de ejecución y verificación de cumplimiento de los acuerdos suscritos y de los compromisos que se adquieren en cada sesión.
– Dispersión y descoordinación institucional que pone en cuestión la existencia de una institucionalidad estatal adecuada y eficiente que responda a las realidades y necesidades de los pueblos indígenas.
– Ausencia de apoyo para fortalecer la capacidad de los indígenas en el cumplimiento de sus funciones en estos espacios y garantizar su carácter permanente en el seguimiento y verificación de los acuerdos.
– A la fecha no ha sido posible avanzar en la definición de una Política Pública Integrada sobre pueblos indígenas y por el contrario, subsiste la dispersión y fragmentación en las estrategias y programas institucionales.
– Funcionarios nacionales y regionales, así como empresas nacionales y trasnacionales desconocen la consulta y consentimiento previo, libre e informado como un derecho fundamental y lo conciben como un mero procedimiento formal de concertación que buscan agotar de manera rápida.

Los pueblos indígenas y sus organizaciones han expresado en la Mesa Permanente de Concertación estar dispuestos a consultar y concertar reglamentos o protocolos para el ejercicio de este derecho fundamental teniendo como marco lo establecido por la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 21 de 1991 que adoptó el Convenio 169 de la OIT y los desarrollos de la jurisprudencia. El Ministro del Interior ha planteado la disposición para concertar un Decreto que regule esta materia. Mientras tanto el Ministerio del Interior sigue aplicando en las llamadas consultas previas, el Decreto 1320 de 1998, el cual ha sido calificado por la Corte Constitucional como incompatible con la Constitución en varios fallos de tutela.

En el debate de control político promovido por los Senadores indígenas Avirama y Carlosama, en noviembre del pasado año, el Ministro del Interior reafirmó el compromiso del gobierno nacional con la aprobación de un documento CONPES que establezca la “Política Pública Integral para Pueblos Indígenas concertada con las autoridades y sus organizaciones representativas en el marco de la Mesa Nacional de Concertación”.

Asímismo, ante la situación de impunidad existente en los crímenes cometidos contra personas y pueblos indígenas a lo largo de los últimos años, comprometió la creación de una Unidad especial para la investigación de estos crímenes en la Fiscalía General de la Nación. Sobre el primero los indígenas propusieron en abril del presente año, una ruta ágil que permitía en agosto pasado tener concertados los elementos básicos del documento CONPES, sin que hasta la fecha el Gobierno Nacional haya cumplido con su parte, y sobre el segundo, no se ha iniciado el diálogo Fiscalía-Pueblos indígenas, como el camino para asegurar la adecuación y pertinencia de la estructura de la Fiscalía para garantizar el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad en las violaciones a los derechos humanos contra comuneros y pueblos indígenas.

Este mapa de incumplimientos e indiferencia gubernamental llevaron a que los delegados indígenas en la Mesa Permanente de Concertación acordaran el pasado mes, dar un ultimátum al gobierno nacional, por cuanto no se han respetado los acuerdos ni se ha respondido a los justos requerimientos de los Pueblos Indígenas en este espacio, y exigieron la presencia del titular del Ministerio del Interior en una sesión de la Mesa Permanente.
Luego de dicha sesión se acordó un plazo de 15 días, que ya se duplicó, para que el Gobierno nacional, a través del Ministro responda a las propuestas presentadas por los delegados indígenas. Finalmente está fijada una sesión de la Mesa el 5 de septiembre con la siguiente agenda:

– Viabilizar el Sistema de Educación Propio e Intercultural -SEIP
– Viabilizar el Sistema de Salud Propio e intercultural -SISPI
– Viabilizar el Sistema General de Participaciones; “a fin de a fin de trasferir de manera directa los recursos a los resguardos indígenas a través de sus autoridades”.
– Garantías para los espacios de diálogo y concertación con los pueblos y organizaciones indígenas
– Implementación de un Plan de choque para el cumplimento de los acuerdos pactados con este Gobierno.
– Asignación de recursos por valor de un billón de pesos para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos pactados con este Gobierno

En cuanto se refiere al Decreto Ley 4633 de 2011 sobre víctimas indígenas, los avances tampoco se muestran. Dicho Decreto Ley tiene una vigencia de 10 años y casi se cumplen dos años de su expedición sin mayores avances.

La valoración que hacen los delegados indígenas en la Mesa Permanente coincide en buena medida con el PRIMER INFORME AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, presentado por LA COMISION DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS DECRETOS LEY SOBRE VICTIMAS DE PUEBLOS INDIGENAS, el mes de agosto pasado, la cual está conformada por la Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Frente al grado de avance en el diseño, implementación y ejecución de medidas contenidas en los decretos ley sobre víctimas de grupos étnicos, concluye que:

• Las Comisiones de Seguimiento no han sido instaladas formalmente
• La UAERIV no ha reglamentado los mecanismos de participación de las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos
• Indeterminación del presupuesto para la implementación de los Decretos Ley sobre víctimas de Grupos Étnicos
• No hay una adecuación institucional para la atención de las víctimas con enfoque diferencial étnico
• Falta de articulación institucional en el Sistema Nacional de Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas
• Desconocimiento de los decretos con fuerza de ley
• Inexistencia de los componentes especiales del registro de víctimas de comunidades étnicas
• Existen múltiples barreras de acceso que impiden la declaración de las víctimas indígenas
• La atención, asistencia y la ayuda humanitaria carecen de enfoque diferencial
• Deficiencias en materia de reparación colectiva para comunidades étnicas: la ausencia de planes integrales de reparación colectiva formulados para comunidades étnicas, permite inferir un evidente incumplimiento del Estado frente a su deber de reparación de los daños, afectaciones y vulneraciones de estas comunidades
• La reparación individual de las víctimas pertenecientes a grupos étnicos es notablemente deficiente y carece de enfoque diferencial
• Los sistemas de información del Sistema Nacional de Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas (SNARIV) carecen de variables de identificación étnica de la población
• Existen falencias en la articulación de la UAERIV con el Ministerio del Interior
• Grave retraso en materia de restitución de territorios colectivos
• Impacto de la minería y los macro-proyectos en los territorios étnicos: Los pronunciamientos de los jueces especializados de restitución de tierras que han proferido las medidas cautelares advierten graves afectaciones a los derechos colectivos territoriales, asociados a proyectos mineros y agroindustriales.

Mientras tanto la situación de violación de los derechos humanos e infracciones al DIH prosigue y se incrementa en los territorios indígenas, como lo muestran hechos recientes y reiterados de violencia sistemática y generalizada contra indígenas en distintas regiones del país.

Preocupa especialmente la situación de los pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural o en alta vulnerabilidad en medio del conflicto armado interno, cuya situación persiste, por lo que cobra especial relevancia insistir en que el Estado invite al Asesor Especial sobre el Genocidio de Naciones Unidas para atender esta situación, en el marco de estrategias concretas de prevención del genocidio contra estos pueblos.

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