El Gobierno y las FARC volverán a la mesa de negociaciones de La Habana el 9 de septiembre

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El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) volverán a la mesa de negociaciones de La Habana el próximo 9 de septiembre, dando inicio a la décimo cuarta ronda del diálogo de paz, según han informado las partes en un comunicado conjunto.

Ambas delegaciones han puesto fin este miércoles al décimo tercer ciclo de conversaciones, en el que «han continuado avanzando en la construcción de acuerdos en torno al segundo punto de la agenda del diálogo de paz: participación política».

Las partes «han discutido e intercambiado propuestas sobre los otros temas contenidos en este segundo punto» y, en concreto, «han presentado sus respectivas visiones sobre la implementación, verificación y refrendación» de los acuerdos de paz.

«Además, ambas delegaciones han presentado visiones generales sobre todos los puntos de la agenda del diálogo de paz, ratificando el compromiso de abordarlos en el desarrollo de las conversaciones de La mesa de negociaciones de La Habana», han añadido.

Gobierno y FARC también han encargado al Programa de Naciones Unidas en Colombia (PNUD) y al Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional «que coordinen todo lo necesario para realizar un foro de amplia participación ciudadana sobre el cuarto punto: drogas ilícitas».

POSTURA DE LAS FARC

Las FARC han destacado que en este último ciclo de conversaciones «las delegaciones han abordado la casi totalidad del conjunto de la agenda del diálogo de paz, lo cual ha dado bastantes instrumentos que posibilitarán hacer más cercana la posibilidad de un acuerdo en función de la justicia y la reconciliación colombiana».

La guerrilla ha revelado que «se han referido de manera especial al tema de las víctimas de la confrontación, inquiriendo por la responsabilidad histórica de quienes generaron y participaron en esta guerra que hoy requiere de un acto de contrición de todos».

A este respecto, el grupo armado ha propuesto «integrar una comisión de Revisión y Esclarecimiento de la Verdad de las Historia del Conflicto Interno Colombiano que complemente el informe del grupo de memoria histórica».

Las FARC han reiterado su rechazo al Marco Jurídico para la Paz, instrumento de justicia transicional que ha sido aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, y a la propuesta del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de celebrar un referéndum sobre el acuerdo de paz coincidiendo con unas elecciones.

Los insurgentes han insistido en que son decisiones adoptadas unilateralmente por el Gobierno, cuando el eventual acuerdo de paz «se trataría de un nuevo pacto social, sobre todo si observamos que las FARC no se sienten comprometidas con el pacto social que dio lugar a la Constitución de 1991».

«Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene la posibilidad real, producto del inicio del diálogo con el Gobierno, de completar esa tarea histórica inacabada, pero no se puede lograr con un sometimiento al orden jurídico existente, dado que no se está negociando con una guerrilla derrotada», han argumentado.

No obstante, han aclarado que sería «insensato presentar a la negación del referéndum la guerra como única alternativa». «El sexto punto de la agenda del diálogo de paz está aún por discutirse. Esperemos su momento, todo tiene su tiempo», ha indicado.

Además, han vuelto a proponer «una tregua bilateral de fuegos vigilada por organismos internacionales latinoamericanos, que blinde el proceso electoral en marcha de las zozobras de la confrontación y de los intereses partidarios de quienes participan en la contienda».

UNA COLOMBIA SIN ‘COCA’

Por su parte, el jefe del equipo negociador del Gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, ha subrayado la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el tema de las drogas ilícitas. «Queremos una Colombia sin coca. Sería un paso gigantesco para el país y para el mundo», ha dicho.

De la Calle también ha defendido la propuesta de Santos sobre el referéndum. «Tiene sentido bajo la óptica del principio de expansión democrática: propiciar una consulta popular el mismo día de las elecciones al Congreso asegura una mayor participación ciudadana en las urnas, lo cual aumenta la legitimidad de la decisión», ha argumentado.

El ex ‘número dos’ ha considerado que es responsabilidad de las partes «prever desde ya posibles escenarios futuros y de esa manera allanar el camino hacia la paz». «Lo peor sería que al momento de llegar a acuerdos, los instrumentos legales resultaran insuficientes, ha señalado.

Además ha rechazado que sea una imposición del Gobierno. «Solamente presentamos los argumentos que sustentan la validez de esta propuesta como un camino serio y responsable. Pero por supuesto, esto requiere acuerdo en la mesa de negociaciones», ha aclarado.

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