Contrato de Cerro Matoso demuestra que Santos gobierna contra el interés nacional: senador Robledo

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BOGOTA, 20 de Agosto ¬_RAM_. Contrato se prorrogó sin estudios. Genera detrimento patrimonial. Riesgo moral para la evasión de impuestos. Órganos de Control deben sancionar.

En el debate de control político sobre el nuevo contrato de Cerro Matoso, el senador Robledo hizo fuertes cuestionamientos al Ministerio de Minas.
Robledo explicó que el gobierno protegió los intereses de la multinacional al reconocer la legalidad de un contrato que a todas luces era ilegal.

Cerro Matoso tiene tres contratos, dos de los cuales concentran el 95% de las reservas y el 100% de la producción, y que debían vencerse en septiembre de 2012. Pero en 1996 se firmó un tercer contrato que las prorrogó hasta el 2029, a pesar de que la legislación no permitía este tipo de prórrogas.

“En el área de ese tercer contrato no se ha explotado ni un gramo de níquel y solo tiene el 5% de las reservas, lo que evidencia que la única finalidad del Contrato 051 era prorrogar de manera ilegal las dos concesiones”.

En estas circunstancias el gobierno debió demandar el contrato y así fortalecer su poder de negociación. Sin embargo, elevó una consulta al Consejo de Estado calculada para proteger a la multinacional y lavarse las manos.

El congresista hizo graves denuncias sobre el nuevo contrato. Señaló que el gobierno aceptó prorrogar los contratos hasta el 2044 aceptando el argumento de la empresa sobre reducción del tenor del níquel. Sin embargo el Ministerio no tenía estudios que verificaran la calidad del yacimiento, pues Corficolombiana y CRU Estrageties, empresas contratadas para hacer este análisis, reconocieron no tener la capacidad técnica para estudiar la calidad de la mina.

El contrato genera un detrimento patrimonial porque, a cambio de la no reversión de unos activos valorados en $1,3 billones y que han generado utilidades promedio de 344 mil millones, Cerro Matoso pagará $22.843 millones anuales. Si se compara con las tasas que en Canadá se sugieren para el arrendamiento de equipos, lo pactado genera un detrimento patrimonial de por lo menos 60 mil millones de pesos anuales.

Una de las cosas más graves es que el gobierno autorizó a Cerro Matoso a subcontrar la operación del proyecto de lixiviación con una empresa de BHP Billiton, lo que, según la Contraloría, genera un “riesgo moral” para la evasión de impuestos y de regalías.

El gobierno tampoco exigió el pago de regalías por la explotación de hierro. En materia de inversión social la empresa seguirá invirtiendo lo mismo que ha invertido en los últimos años, recursos que no han resueltos los enormes problemas de las comunidades pero que sí sirven para hacer politiquería. No se pactaron mecanismos para proteger la salud de los vecinos de la mina, ni se ajustó el permiso ambiental que Cerro Matoso tiene desde 1982 a la ley, y tampoco se resolvieron los problemas de los trabajadores. Tampoco se le exigió a Billiton pagar los 60 mil millones de pesos que según la Contraloría debe por concepto de regalías.

Robledo concluyó señalando que, mientras el Presidente es generoso con las multinacionales, responde con represión los justos reclamos de pequeños y medianos mineros, campesinos, indígenas y empresarios nacionales.

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