Procuraduría formuló cargos contra el concejal José Juan Rodríguez Rico

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BOGOTA, 20 de Agosto ¬_RAM_. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el concejal de Bogotá, José Juan Rodríguez Rico, por presuntamente haber ejercido influencia ante el IDU para controlar la cesión del contrato de construcción y adecuación de la calle 26 de Bogotá al sistema Transmilenio y la adición de otro contrato que incluía obras de valorización.

La primera conducta imputada está relacionada con su posible influencia ante la entonces directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y su equipo de trabajo, para controlar la cesión del contrato nro. 137 de 2007 de ejecución de la totalidad de las obras de adecuación de la calle 26 de Bogotá al sistema Transmilenio y el posterior mantenimiento en el tramo 3, así como la suscripción de dos otrosíes al mismo contrato.

Con la cuestionada intervención en la cesión de este contrato y sus otrosíes, el señor José Juan Rodríguez habría obtenido un provecho propio y habría beneficiado al cesionario, Andrés Jaramillo López, representante legal de la promesa de sociedad futura Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S.

El pliego de cargos señala que la cesión del contrato se haría direccionado de manera tal que “desde diciembre de 2009, se realizaron reuniones en la Dirección General del IDU, cruce de correos electrónicos entre la aseguradora y las empresas a cargo de Andrés Jaramillo López, todo tendiente a que el IDU avalara la cesión y, en tal sentido, se escogiera a las empresas representadas por Andrés Jaramillo López, quien constituyó una promesa de constitución de sociedad futura, para lo cual no fueron consideradas por parte de la Dirección General del IDU algunas de las propuestas presentadas por el titular del contrato, en este caso, la Unión Temporal Transvial”.

Las pruebas allegadas hasta el momento a este proceso permiten inferir que el entonces concejal Rodríguez Rico apoyó la designación de la señora Liliana Pardo para que llegara a la dirección del IDU y habría logrado conformar en ese organismo un equipo directivo de su confianza, sobre el cual posiblemente influyó para lograr la cuestionada cesión del contrato. Así mismo, habría ubicado en el despacho de la directora general del IDU a una asesora externa, quien al parecer para ese entonces era la novia y posteriormente esposa de su hermano.

La segunda conducta que le reprocha la Procuraduría al señor Rodríguez Rico es su posible influencia sobre la directora general del IDU, sobre el equipo de trabajo de confianza y la asesora externa, ya mencionados, en la adición nro.1 del contrato 138 de 2007 que incluía la realización de las obras de valorización por $35.118.891.945.

Con la adición de este contrato, realizada el 25 de junio de 2009, se habrían beneficiado el entonces concejal y el contratista Andrés Jaramillo López, representante legal de la sociedad Infraestructuras Urbanas S.A. quien habría suscrito con el IDU este contrato que fue adicionado.

“En consecuencia, se adicionó un contrato de obra y se obvió hacer el proceso público de escogencia del contratista, para ejecutar obras de valorización, cuyo objeto era diferente, técnica y jurídicamente, a los que se habían adjudicado mediante el contrato inicial 138 de 2007”.

Las dos faltas endilgadas al señor José Juan Rodríguez Rico en el pliego de cargos fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo, pues a juicio del Ministerio Público el concejal era consciente que al influir desde su cargo en estos contratos estaba obrando de manera ilícita, “sabía que estaba infringiendo el ordenamiento disciplinario y que sin justificación jurídicamente atendible constituía una conducta prohibida para él en su condición de servidor público”.

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