Las pruebas contra los nueve magistrados embargados por la Contraloría

Por Sonia Rodríguez

La UNIDAD INVESTIGATIVA DE RCN LA RADIO tuvo acceso a las pruebas de la Contraloría que sirvieron de base para ordenar el embargo de 9 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por las palomitas a 14 jueces y funcionarios quienes lograron incrementar el monto de sus pensiones hasta en un 450%.

Además de los palomazos del llamado carrusel de pensiones, los investigadores lograron establecer una irregularidad aún más grave, la de una abogada auxiliar quien se pensionó sin cumplir con los requisitos legales.

Las pruebas serán entregadas en las próximas horas a la Fiscalía General para que investigue si hubo un carrusel encaminado a defraudar al Estado y su se pagó por esos palomazos.

Para los investigadores el caso más evidente de este carrusel es el de la magistrada de la sala Disciplinaria Julia Emma Garzón de Gómez. El palomazo se repitió 4 veces entre los años 2007 y 2010.

En ese despacho trabajó Cenaida Mejía Baez, quien se desempeñó como magistrada auxiliar entre el 2 de abril y el 21 de mayo de 2008, con lo que logró que su pensión pasara de $2.742.621 pesos a $11.537.500 pesos.

Igual suerte corrió Zilath Corrales Pérez. Por su trabajo como magistrada auxiliar su pensión subió de $2´560.470 a $11´537.500 pesos.

En el año 2010 la historia volvió a repetirse en ese despacho con los nombramientos de Constanza Margarita Navia de Ayala, 3 de febrero – 8 de marzo, su pensión pasó de $4´498.758 a $12´042.754 pesos; y de José Martín Hernández Maldonado, quien después de laborar 2 meses y 24 días cambió su pensión de $4´590.000 pesos en una de $12´875.00 pesos.

En esa clasificación de abusos le sigue el despacho del ex presidente de la sala Disciplinaria, Henry Villarraga Oliveros, donde hubo tres palomazos de magistrados auxiliares en los años 2008, 2009 y 2010.

El primer caso fue el de Jaime Roberto Arteaga Caiza, quien en 2008 después de trabajar un mes y 20 días pasó de una pensión de 9 millones a otra de $11´081.426. En el 2009 Álvaro Rojas Mayorquín por un mes de trabajo pasó de una pensión de $3.928.000 a otra de $12´917.614. Finalmente, Jesús Herrera Cortez, en el 2010, por su trabajo como magistrado auxiliar entre el 11 de enero y el 31 de marzo logró que le fuera reconocida una pensión por $12´875.000.

Uno de los casos que disparó las alarmas de los investigadores es el de María Consuelo Concha García, quien tiene varios nombramientos como abogada auxiliar, el último fue en el despacho de Luz Elena Rodríguez, donde laboró entre el 1 y el 4 de septiembre de 2008 y logró que le reconocieran una pensión de $7´900.787 pesos, cuando el salario sobre el que venía cotizando era de $5´808.381. Lo extraño en este caso es que según la Contraloría la señora Concha no reúne los requisitos para acceder a una pensión.

El otro magistrado embargado es José Ovidio Claros Polanco, por el nombramiento de Margot Castellanos Carrillo el 16 de marzo de 2010. Por 3 meses y 5 días de trabajo su pensión pasó de $4´127.194 a una de $9´656.260 pesos.

Al magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez la Contraloría lo investiga por el nombramiento de José Felipe Vidal Alzate, quien en un mes de trabajo transformó su pensión de $1´222.565 en una de $4´591.669.

La magistrada Martha Patricia Zea Ramos deberá responder fiscalmente por el nombramiento del juez  Jorge Iván Bravo Vélez, quien por el trabajo que desempeñó como magistrado auxiliar por  1 mes y 19 días   logró una pensión de $13´148.156 pesos.

Jorge Antonio Castillo Rugeles tendrán que explicar el nombramiento de la magistrada auxiliar Martha Isabel González Toloza, quien por dos meses de trabajo aumentó su pensión de $3´532.661 pesos a $11´546.489 pesos.

Por el nombramiento de Luis Evelio Hoyos Zapata como magistrado auxiliar la Contraloría investiga a la magistrada María Mercedes López Mora . Hoyos ocupó el cargo  1 mes y 18 días y su pensión se disparó de $3´249.459 a $11´613.704.

Finalmente, el ex magistrado Temístocles Ortega Narváez, hoy gobernador del Cauca, tendrá que explicar los hechos que rodean el nombramiento de Petrona Perafán Ordóñez, quien por casi 3 meses de trabajo logró el reconocimiento de una pensión de $11´537.500, cuando ella venía cotizando sobre un salario de $3´850.939.

Por este carrusel de pensiones la Contraloría sólo ha abierto investigación contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y continuará con el proceso hasta que una sala de conjueces defina si esa facultad del ente de control o de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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