Salpican a la Ministra de Educación en el escándalo de tierras

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Dando continuidad a los debates sobre tierras que se han llevado a cabo en la Cámara de representantes desde 2010, el congresista Iván Cepeda rechazó los mecanismos de despojo y de adjudicación y acumulación fraudulenta de predios en varias regiones del país que han denunciado otros congresistas del Polo Democrático.

El congresista Cepeda expuso un caso que busca evidenciar el proceso de reacumulación de baldíos para el usufructo de un proyecto agroindustrial de caucho, originalmente destinados para el campesinado. Se trata del caso de la ministra de Educación, Maria Fernanda Campo y diferentes miembros de su familia, quienes constituyeron SAS para comprar baldíos adjudicados en Vichada, siendo en ese momento presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Aunque no se configuraría una ilegalidad porque cada SAS compró una UAF sin sobrepasar lo permitido por ley, se cuestiona que una misma familia cree varias SAS para realizar dichas compras y luego ponga esos predios al servicio de un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es el exesposo de la ministra, Rubén Darío Lizarralde.

“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los campesinos. Por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, declaró Cepeda.

El legislador apoyó la iniciativa de Wilson Arias, de pedirle al presidente Juan Manuel Santos que revele los conflictos de interés de todos los funcionarios y aliados del Gobierno que han acumulado tierras, que constitucional y legalmente son para campesinos, así como concluir los procesos de constitución de las Zonas de Reserva Campesina que están en trámite.

Del mismo modo, advirtió que a raíz de estos cuestionamientos, el Gobierno Nacional debe abstenerse de presentar el proyecto de la llamada Ley Urrutia al Congreso.

Con respecto a las Zonas de Reserva Campesina, argumentó que las objeciones que se han presentado frente a dicha figura que busca proteger lam territorialidad y la economía campesina, no tienen fundamento teórico ni empírico.

La ministra responde
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró que ninguna de sus actuaciones ni las de sus familiares pueden ser cuestionadas, pues “todas han sido públicas y ajustadas a la ley”. Sobre la relación de negocios particulares con su desempeño como funcionaria del Gobierno nacional, dijo estar tranquila, porque avisó de ellos al Consejo de Ministros.

De esa manera respondió a las acusaciones hechas en su contra (y contra el alto consejero para la Reintegración, Alejandro Éder) en el Congreso de la República por parlamentarios del Polo Democrático. Según dichos señalamientos Campo y sus familiares adquirieron terrenos baldíos a través de maniobras que no son ilegales, pero que “a todas luces no están bien”, según la interpretación del representante Iván Cepeda.

Se trata de un capítulo más en la polémica generada en el país por la adquisición de terrenos baldíos, de entre los que debían ser adjudicados a campesinos del Vichada. En la noche del miércoles el congresista Cepeda dijo que la ministra y sus familiares realizaron compras a través de empresas fundadas como S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) que fueron en su totalidad puestas a disposición de la empresa Indupalma.

En un comunicado público redactado luego de conocer esas acusaciones, la ministra Campo aseguró que el único interés de los denunciantes es causarle daño al gobierno nacional y explicó que sus negocios son legales, pues los hizo en uso del ofrecimiento de servicios de esa empresa “a personas naturales o jurídicas interesadas en el cultivo de caucho y en invertir en un proyecto de siembra en el Vichada”.

Aunque sobre esos hechos no existen dudas, los congresistas del Polo mantienen sus críticas. Iván Cepeda, por ejemplo, insiste en que “cada S.A.S. compró una U.A.F. (Unidad Agraria Familiar) sin sobrepasar lo permitido por ley, pero cuestiono que una misma familia adquiriera varias S.A.S., para que luego las pusiera al servicio del mismo proyecto de Indupalma”.

El comunicado completo con las explicaciones de la ministra Campo es el siguiente:

“Una vez conocidas las falsas acusaciones realizadas por miembros del Polo Democrático que pretenden cuestionar mi buen nombre y el de mi familia, procedo a referirme sobre el particular, aclarando, en primer lugar, que ninguna de mis actuaciones puede ser cuestionada, porque en todo momento han sido públicas y ajustadas a la ley; tanto así que puse los siguientes hechos en conocimiento del Consejo de Ministros hace más de un año:

1. En el año 2009, la empresa Indupalma Ltda. estructuró un proyecto de inversión en el departamento del Vichada para la siembra de cultivos de caucho natural.

2. Indupalma ofrece sus servicios a personas naturales o jurídicas interesadas en el cultivo de caucho que inviertan en un proyecto de siembra en el mencionado departamento. El modelo consiste en que Indupalma le ofrece a distintos dueños de U.A.F. (Unidad Agrícola Familiar) la posibilidad de ser el operador logístico de sus predios para desarrollar un proyecto de caucho.

3. El beneficiario del proyecto es el propietario de cada predio.

4. Según información de Indupalma, en la actualidad hay 25 inversionistas que hacen parte de este proyecto. No hay un único beneficiario del modelo, y cada uno de ellos es propietario de una U.A.F., para un total de 25 propietarios distintos con los cuales no tengo ninguna relación.

5. Hace más de tres años decidí invertir en el proyecto; y el 16 de marzo de 2010 constituí una S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) para adquirir una U.A.F.

6. Soy la única accionista de la mencionada sociedad con el 100% de las acciones. No soy accionista de ninguna otra S.A.S.

7. En el mes de marzo del 2010, mi sociedad adquirió a título de compraventa un predio en el departamento del Vichada, equivalente a una U.A.F. que era propiedad de unos particulares desde hace más de dieciséis años.

8. Yo no adquirí nunca un terreno baldío. Adquirí un predio que es equivalente a una U.A.F. a unos particulares a título de compraventa y soy la única beneficiaria de esta sociedad.

9. Cuatro hermanos míos constituyeron otra S.A.S., de la cual YO NO soy accionista. Con esta sociedad ellos adquirieron otra U.A.F., a unos particulares distintos.

10. Al igual que mis hermanos, otras personas con las cuales no tengo ningún vínculo familiar también invirtieron en el mismo proyecto y constituyeron otras sociedades con las cuales no tengo relación.

En todo momento me he caracterizado por mi rectitud ética y mi transparencia; por lo que no admitiré que el oportunismo político de algunos miembros del Polo Democrático siembre dudas sobre la rectitud y honra de mi familia, con el único propósito de causarle daño al Gobierno Nacional”.

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