Robledo insiste que en Colombia hubo apropiación ilegal de baldíos

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El senador Jorge Enrique Robledo presentó en plenaria las denuncias sobre la presunta violación de la ley por parte de un grupo de empresas que adquirieron y acumularon terrenos baldíos en el Vichada.

La principal denuncia del senador del Polo Democrático Alternativo está relacionada con empresas como Río Paila Castilla, Cargill o Mónica Semilla.

Según él, esas compañías adquirieron miles de hectáreas en la Altillanura y otras regiones mediante extrañas maniobras a pesar de que existían advertencias de la Procuraduría y la Contraloría, sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. En éstas, de acuerdo a las denuncias de Robledo, se dejaba clara constancia de que acumular tierras baldías no es legal en Colombia.

“Este no es un debate sobre el modelo económico del país, ni contra la producción empresarial, no es contra los ingenios azucareros ni sobre la altillanura. Este debate es sobre la violación a la ley, sobre la corrupción. Sobre poderosas empresas y prestigiosos bufetes de abogados que actuaron de forma irregular para quedarse con tierras que están destinadas a los campesinos colombianos”, expresó.

En el debate se conoció que estas operaciones de adquisición de tierras eran conocidas por altos funcionarios del Estado y el mismo presidente Juan Manuel Santos, quien, según Robledo, desde su campaña a la Presidencia de la República señaló que “Hay que acabar con la trampa burocrática de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF)”.

Al mismo tiempo, recordó que Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro, afirmó que existen 65 modalidades de robo de baldíos.

Las principales denuncias sobre adquisición irregular de baldíos son:
◾Río Paila Castilla adquirió 35.594 hectáreas de tierras baldías en la Orinoquía a través 27 Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS)
◾Multinacional Cargill que compró 61.862 hectáreas mediante 40 SAS

Robledo insistió en que la ley 160 de 1994 es clara en definir que ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos que inicialmente fueron adjudicados como baldíos si la extensión excede la UAF.

“Lo que está claro en estos casos es que estas empresas, asesoradas por grandes firmas de abogados, realizaron toda clase de maniobras no para volver legal lo ilegal sino para ocultar la ilegalidad de la operación”, añadió.

Fuente El Espectador

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