La Contraloría inició formalmente el proceso de embargo de las cuentas de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, implicados en el llamado “carrusel de las pensiones” en la rama judicial, y anunció que los someterá a juicio bajo el sistema oral.
El organismo cuantificó el presunto detrimento patrimonial en más de 13.700 millones de pesos por liquidación irregular de pensiones, a través de nombramientos o ascensos de magistrados auxiliares, por periodos cortos, de al menos 13 funcionarios.
El jefe de Investigaciones Especiales de la Contraloría, Carlos Eduardo Umaña, abrió formalmente el proceso de responsabilidad fiscal contra nominadores y beneficiarios, en cuyos casos se verificaron incrementos de mesadas pensionales a los que originalmente tendrían derecho en hasta cuatro veces el valor original.
En la lista de procesados por la Contraloría, figuran como nominadores: Temístocles Ortega, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Julia Emma Garzón de Gómez, Ovidio Claros Polanco, Luz Helena Rodríguez Hurtado, María Mercedes López Mora, Henry Villarraga Oliveros, Martha Patricia Zea Ramos y José Antonio Castillo Rugeles.
La Contraloría también vinculó al proceso fiscal a los beneficiados con la liquidación de pensiones “infladas” a los magistrados auxiliares: Álvaro Rojas Mayorquin, José Felipe Vidal Alzate, Jesús Herrera Cortez, P3etrona Farfán Ordóñez, Constanza Margarita Navia de Ayala, Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez, Luis Evelio Hoyos Zapata, Martha Isabel González de Toloza, maría Consuelo Concha García, Jorge Iván Bravo Vélez, Margoth castellanos carrillo, Jaime Roberto Arteaga Caiza.
Según la Contraloría, los beneficiados con aumento en la liquidación de las mesadas pensionales, fueron nombrados por periodos que van entre 1 y 11 meses, con lo cual resultaría suficiente para reclamar jubilaciones más abultadas.