Falsas víctimas de Mapiripán aceptaron cargos

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Las señaladas falsas víctimas de la masacre de Mapiripán aceptaron este viernes los cargos de fraude procesal en concurso con estafa agravada que les fueron imputados por haberse acreditado como víctimas, sin serlo, y además haber recibido una millonaria indemnización.

Se trata de Mariela Contreras Cruz, Zuly Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Contreras quienes fueron compensados en el pasado por haber sido supuestamente víctimas de la masacre perpetrada por paramilitares entre el 15 y 20 de julio de 1997.

El abogado que representa a estas personas, Iván Mahecha, no señaló por qué aceptaron cargos pero indicó que se «trató de una decisión libre de su parte».

«Ellos recibieron una indemnización del Estado Colombiano del orden de 3 mil 300 millones de pesos», señaló Mahecha.

Ese dinero fue el que recibieron estas tres personas cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó al Estado Colombiano por la masacre.

En audiencia desarrollada este viernes, no se solicitó por parte de la Fiscalía la medida de aseguramiento.

En cambio, se aceptó como víctima en el proceso al general Jaime Humberto Uscátegui, ya que este fue condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre.

Su hijo Jaime Uscátegui, quien representa a su padre en este caso, solicitó que se investigue al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo al estimar que por su actuación fue que estas personas se acreditaron como víctimas de esa masacre.

«No sé sinceramente por qué al Colectivo no le han compulsado copias si ellos fueron los que fabricaron las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán», dijo.

Uscátegui precisó que en su criterio a estas personas, que poseen un bajo nivel de estudio, no se les puede responsabilizar del todo por esos hechos ya que habrían llegado al caso por acción e los abogados.

Este proceso de las denominadas ‘falsas vìctimas’ en nada afecta el caso del general Jaime Humberto Uscátegui, ya que la Corte Suprema de Justicia se encuentra examinando un recurso extraordinario de casación que busca echar para atrás la condena de 40 años. No obstante, cabe aclarar, en ese trámite no se acepta nuevo material probatorio sino que se limita al considerado en los despachos judiciales de primera y segunda instancia.

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