Por: Ricardo Galán.–
Consciente de que la calidad de los candidatos para Fiscal General de la Nación dependerá de lo corto o largo que sea el periodo para el cual se elija al sucesor de Vivian Morales, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos le advirtió a la Corte Suprema de Justicia que no presentará terna hasta que ese tribunal le diga al país si la elección será por año y medio o cuatro años.
Golpeada por “el error de buena fe” que cometió al cambiar las reglas para poder elegir a Vivian Morales, la Corte Suprema de Justicia no quiere correr riesgos. Su presidente, Javier Zapata Ortiz, le sugirió al Presidente Santos acudir a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que resuelva la interrogante.
El Presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez había explicado días antes que era a la Corte Suprema de Justicia a quien correspondía, como electora que es del Fiscal General, determinar si su nombramiento será por año y medio o por cuatro años.
Ante semejante peloteo alguien pensó en acudir a la Corte Constitucional para que diga la última palabra, pero se encontró con el problema de que existen jurisprudencias cruzadas. La Corte Constitucional considera, según explicó su expresidente, Carlos Gaviria Díaz, que todos los periodos son institucionales, lo que significa que el nuevo fiscal llegaría para completar el periodo actual del Fiscal, es decir que sería nombrado apenas por año y medio.
Pero el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad para decidir sobre la legalidad de los nombramientos ha dicho unas veces que si, que los periodos son institucionales, pero en otras providencias que no, que son personales, caso en el cual el nuevo Fiscal General desempeñaría su cargo durante 4 años.
Como diría mi abuela, eso les pasa por andar cambiando las reglas del juego de acuerdo con las personas, las circunstancias o las coyunturas. Eso les pasa por no respetar la estabilidad jurídica que tanto le reclaman a Colombia los inversionistas y gobiernos extranjeros.
Por andar jugando con la Constitución, la Ley y la jurisprudencia es que el país lleva dos años de interinidad en la Fiscalía y se alista para otro año y medio si los omnipotentes magistrados no dejan a un lado su prepotencia e intereses personales y políticos y, por lo menos esta vez, piensan primero en el país y nos sacan de ese pozo de arenas movedizas en que han convertido a la justicia colombiana.