Los 10 condicionamientos para avalar el marco para la paz

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El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt estableció en su ponencia 10 condiciones bajo las cuales se debe avalar el Marco Jurídico para la Paz.

En primer lugar está la exigencia de la terminación absoluta del conflicto armado como condición para la aplicación de dicha reforma constitucional. Esto incluye la entrega de armas como requisito de aplicación de las medidas de justicia transicional contempladas en la norma «pierden todo sentido».

«Si el conflicto armado continúa sin un desarme total y sin la desarticulación absoluta de la organización encargada de la comisión de delitos, es imposible cumplir con la garantía de no repetición, pues los miembros de grupos al margen de la ley seguirán cometiendo los delitos de rebelión y porte ilegal de armas en una cadena interminable que hará imposible garantizar la paz», señala la ponencia.

El texto señala que se trata además del desmantelamiento completo de la organización y en especial de sus formas de financiación como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión.

El énfasis principal de la ponencia consiste en el deber de salvaguardar los derechos de las víctimas por lo que dispone siete medidas que el Estado debe cumplir.

Se trata de que haya transparencia del proceso de selección y priorización en el entendido de que «nada se logra si es un proceso discrecional»; la garantía de una investigación seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con su participación; así como de la existencia de un recurso para impugnar la decisión si su caso no quedó dentro de los parámetros de selección y priorización.

El Estado además deberá otorgar asesoría especializada en los proceso a las víctimas y garantizar el derecho a la verdad, si el caso no es priorizado, a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales.

Allí, se enfatizó que los actores del conflicto armado deben garantizar el esclarecimiento de la verdad de los violaciones a los derechos humanos ocurrida en este contexto, pues eso contribuye a la memoria histórica y personal.

Igualmente, se debe garantizar el derecho a la reparación y a conocer el paradero de los restos de sus familiares, en el entendido que si esto no sucede, tal y como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se cae en un trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos.

«Las víctimas tienen una especial en la Constitución que debe garantizarse plenamente en la implementación del Marco Jurídico para la paz, pues de lo contrario se desconocería la obligación de garantía de sus derechos humanos. Esta obligación implica que además de que se encuentre absolutamente prohibido renunciar a la persecución penal de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidas de manera sistemática y la necesidad de que el estado garantice que cada grave violación a los derechos humanos sea imputada a los máximos responsables de esos delitos, es necesario otorgar una serie de garantías a las víctimas para que sus derechos no sean desconocidos por el simple hecho de llevar a cabo un proceso de paz», señala la ponencia.

La ponencia dice que la cuestionada expresión de «máximos responsables» en el Marco Jurídico para la Paz que se hizo en el Congreso no excluye que el legislador pueda, posteriormente, investigar a otros participantes de los crímenes.

«En todo caso, la posibilidad de centrar la investigación en los máximos responsables tiene una consecuencia adicional y que en este esquema el Estado tiene la obligación de reunir todas las graves violaciones de los derechos humanos bajo contextos, tipificarlos como delitos e imputarlos», señala el texto.

De acuerdo con lo consignado por el magistrado Pretelt, esto no quiere decir que haya impunidad en cuanto a crímenes de guerra, pues los que hayan sido cometidos en el marco del conflicto deberán ser seleccionados y sancionados.

Y, los «crímenes que puedan calificarse como de guerra (al encontrarse en el listado del estatuto de Roma) pero que no sean cometidos en el conflicto armado no entrarán en el sistema del Marco Jurídico para la Paz y por ello deberán sancionarse en el marco de la justicia ordinaria. Por el anterior, es absolutamente claro que ningún crimen de guerra quedará en la impunidad».

Ahora bien, otro condicionamiento que fija la ponencia señala que entre los crímenes que serán objeto de selección deben estar los que afectan gravemente los derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales; así como los que impliquen violencia sexual o física contra las mujeres cometidas de manera sistemática, los que afecten a menores de edad cometidos de manera sistemática, en especial el reclutamiento forzado

Finalmente, la ponencia señala que la renuncia a la investigación de varios de estos crímenes tiene que estar necesariamente condicionada a que los actores ilegales «hayan entregado las armas, contribuido al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas, liberado a todos los secuestrados y desvinculado a todos los menores que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley».

El texto precisa que el Estado podrá reasumir la competencia en la investigación en caso que se identifique que un desvinculado vuelva a delinquir.

Esta ponencia apenas empezará a ser conocida por los magistrados de la Sala Plena el próximo miércoles. Los ocho restantes juristas que hacen parte de la Corte tienen hasta el mes de agosto para sentar sus posiciones y emitir un fallo.
Fuente Colprensa

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