Nuevo round entre el Fiscal y la Contralora

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De «preocupante» y hasta «amenazante» calificó el abogado Néstor Osuna la insistencia de la contralora General, Sandra Morelli, de investigar en sus competencias al fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Linnet, a pesar del fuero que éste ostenta, y que dice hace que su juez natural sea la Comisión de Acusación de la Cámara de Representates del Congreso de la República.

Estas razones hacen parte de los fundamentos con los que Osuna, abogado del Fiscal, impugnó la decisión mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela con la que Montealegre esperaba se protegieran sus derechos al debido proceso y al juez natural, todo por un proceso administrativo sancionatorio (002-13) que en su contra abrió Morelli debido a que el ente investigador no entregó, a finales de 2012, un informe requerido por el organismo de control fiscal.

En 28 páginas, Osuna cuestiona que el tribunal haya rechazado la tutela considerando que en este enfrentamiento se dio un hecho superado debido a que la Contralora archivó el caso contra el Fiscal General, pero se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre quién es el juez natural del Fiscal General. Esto, dice el abogado, permite que se siga vulnerando el derecho al debido proceso y al juez natural de su defendido.

«El argumento fundamental de la decisión de archivo (…) no fue la excepción previa de incompetencia por el fuero constitucional con el que cuenta el Fiscal General de la Nación, sino por otras razones de fondo. Por lo tanto, al no haberse declarado incompetente, la Contralora sigue desconociendo los derechos fundamentales al juez natural…», señala el jurista en nombre de Montealegre.

«… la entidad (Contraloría) continúa manifestando, incluso a través de medios de comunicación, que el Fiscal General de la Nación no tiene fuero alguno respecto de procesos de responsabilidad fiscal», se consigna en la impugnación conocida por Colprensa..

En ese sentido, añade el documento que el Tribunal no solo debió declarar la nulidad de todo lo actuado por la Contraloría, sino «prevenir a la autoridad demandada para que no vuelva a incurrir en conductas similares como las que, el mismo tribunal, reconoce que constituiría una manifiesta vía de hecho».

Así pues, Osuna y a su vez el Fiscal General, Eduardo Montealegre, consideran como necesario el pronunciamiento del juez constitucional para clarificar aspectos relacionados con el fuero constitucional en materia fiscal.

«… el fuero en materia de control fiscal es un tema que debe ser abordado y analizado por el juez constitucional, con el fin de precisar su verdadero alcance», reclama Osuna, y añade, «… una decisión de fondo permitiría aclarar el ámbito de las competencias de la Contraloría General de la República respecto de los altos funcionarios de la Rama Judicial amparados en el fuero constitucional».

Así pues, la decisión que muy seguramente trminará en la Corte Constitucional, deberá sentar un precedente acerca de si el Fiscal General, a pesar de ser aforado, puede ser investigado y hasta sancionado por la Contraloría. Dependiendo de esta decisión se podría abrir la puerta para que otros funcionarios sean cobijados por el control ejercido por la Contraloría General de la República.

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