Consejo de Estado condena a la nación a reparar a afectados por Plan Patriota de Uribe en el Caquetá

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BOGOTA, 19 de Julio ¬_RAM_ La Nación deberá indemnizar a las personas que fueron despojadas de sus propiedades y se vieron forzadas a desplazarse de una vasta zona del Caquetá, en desarrollo del llamado Plan Patriota que impulso el presidente Alvaro Uribe en el 2004, para rescatar estos territorios ocupados por las Farc, tras el fracasado proceso de paz del Caguán.
La orden la impartió el Consejo de Estado al fallar una demanda que interpusieron personas que se vieron obligadas a dejar hogares y sus bienes, como consecuencia de la ofensiva militar, en la que intervinieron cerca de 17 mil unidades del Ejército y que se adelantó a lo largo de Río Caguán y los Llanos del Yarí.
Los demandantes residían en jurisdicción de la localidad de Peñas Coloradas.
En su momento, el Ejército estableció que el propósito de la operación era recuperar la soberanía territorial y ante esto, la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, estableció que “la soberanía sobre el territorio sirve de poco, si los ciudadanos no pueden permanecer en él y ejercer los derechos y libertades de que son titulares, como ocurrió en el presente caso”.
Además advirtió que los daños causados con la ofensiva militar en Peñas Coloradas fueron superiores a los beneficios obtenidos con relación a la soberanía estatal, pues se produjo el desplazamiento masivo de más de 2.464 personas, las mismas que tres años después no habían regresado a sus hogares.
“En consecuencia se infiere que no habían recuperado la mayor parte de sus bienes”, complementó la sentencia.
En el fallo, el alto tribunal afirma que el Estado incurrió en un desconocimiento a los deberes impuestos por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, tras recordarle que al adelantar acciones militares en el marco del conflicto armado interno se debe tomar medidas para evitar el desplazamiento de la población civil, la afectación de bienes de la misma y respetar los derechos de propiedad.
El Plan Patriota conocido también como “Campaña militar J.M.”, realmente comenzó en el 2003 y abarcó regiones de los departamentos del Meta, Caquetá y parte del Putumayo y se emprendió tras el fracasado proceso de paz del Caguán.
La segunda etapa denominada ‘Plan Consolidación’ se ejecutó en el 2004, exactamente comenzó el 17 de septiembre, y buscó desarticular las estructuras de las FARC que tras el frustrado proceso de paz del Caguan se desplazaron a zonas aledañas de Meta y Putumayo, bajo el mando de alias “mono jojoy”.
Se afirma que el Plan fue diseñado conjuntamente con el Comando Sur de los Estados Unidos, como parte del Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo

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