Condenan al Estado por abusos en zona de despeje

Compartir:

BOGOTA, 15 de Julio ¬_RAM_ El Consejo de Estado dice que la zona de despeje fue parte de una política que implementó el Presidente de la República (en ese entonces Andrés Pastrana) lo que exime de responsabilidad a la Policía y al Ejército por el robo de ganado a un finquero en Mesetas (Meta).
Por tal motivo, el Departamento Administrativo de la Presidencia debe indemnizar a un ganadero por un robo cometido por las Farc. Este hombre fue secuestrado después por el grupo guerrillero, durante el gobierno Pastrana.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo, dijo que el Presidente puso en marcha su política de paz pero sin tomar las medidas para proteger a los habitantes de la zona, y agregó que la ausencia de autoridad dejó a la población indefensa.
Desde que el presidente Pastrana puso en marcha los diálogos de paz y autorizó la zona de despeje del Caguán, y durante el tiempo que estuvo vigente, no se tomaron medidas suficientes para que se evitaran los excesos contra la población, indicó el fallo.
La demanda contra el Estado había sido interpuesta por el ganadero Numael Barbosa Hernández el 21 de septiembre de 1999, quien pedía ser reparado porque el 23 de septiembre de 1998, en la finca Las Camelias, días después de que Pastrana autorizara el despeje en cinco municipios de Meta y Caquetá, entre ellos Mesetas, el frente 40 las Farc le robaron 337 cabezas de ganado.
Barbosa denunció los hechos ante la Fiscalía y el alto Comisionado de Paz, sin éxito. Ante la falta de resultados en las investigaciones, interpuso una demanda de reparación ante el Tribunal Administrativo del Meta en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, alegando que las fincas y ganaderías se hallaban sin protección militar alguna, lo que permitió que la guerrilla robara sus reses.
Aunque el ganadero pidió indemnización por los daños ocasionados, la condena que hoy ratifica el Consejo de Estado establece que la indemnización será en abstracto ya que no se pudo establecer la cuantía de los daños y los perjuicios sufridos.
Durante la misma época en la que se dio la denuncia de Díaz, la Federación de Ganaderos (Fedegán) denunció ante el Estado que la guerrilla había robado además 8.000 reses de propiedad del Fondo Ganadero del Meta, además del cobro de extorsiones para la movilización del ganado.

Compartir: