Por: Oscar Montes
Con el retiro de Viviane Morales de la Fiscalía General de la Nación, el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y ella misma, sintieron que se habían quitado un piano de encima.
Juan Manuel Santos, porque la permanencia de Morales en el cargo se le estaba convirtiendo en un asunto difícil de manejar, puesto que él fue quien la ternó y la respaldó cuando trascendieron los primeros reparos a la relación de la entonces Fiscal General con Carlos Alonso Lucio, su controvertido esposo. Es por esa razón que Santos no hizo ninguna gestión ante el Consejo de Estado parar conocer el estado del proceso que ese tribunal le seguía a Morales. Algunos consejeros interpretaron ese silencio como “indiferencia de Santos con el tema”, me contó un magistrado de un alto tribunal. La Corte Suprema, por su parte, no vio con buenos ojos el hecho de que Morales hubiera ocultado su relación con Lucio, cuando habló con los magistrados como aspirante a Fiscal. “Si ella cuenta que tenía una relación afectiva con Lucio, seguramente no la hubieran elegido”, sostuvo un magistrado auxiliar de un alto tribunal. Y la propia Morales descansó porque era evidente que su matrimonio con Lucio se estaba convirtiendo en un gran dolor de cabeza, pues, estaba afectando su desempeño como Fiscal General.
No obstante, siempre dejó en claro que, puesta a escoger, no dudaría en quedarse con su esposo. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron con el fallo del Consejo de Estado? ¿Quiénes pagarán el costo de un error garrafal de la Corte Suprema? ¿Porqué las peleas internas de la Corte derivaron en la elección de Viviane Morales como Fiscal General?
Una decisión histórica del Consejo de Estado
No es la primera vez que el Consejo de Estado tiene que enmendar una plana mal hecha por la Corte Suprema de Justicia. También lo hizo cuando la Corte decidió -de manera errada y de la mano de Ricardo Calvete- que el entonces fiscal Gustavo De Greiff debía retirarse del cargo al cumplir 65 años de edad. Ahora el Consejo de Estado le ha dicho a la Corte Suprema que no podía variar su reglamento interno para reducir el número de votos necesarios para elegir a un magistrado o a cualquier dignatario, como ocurrió con Viviane Morales como Fiscal General. Por esa razón, no hay otra manera de calificar la actuación de la Corte que la de irresponsable, pues no cabe otro calificativo para quienes a pesar de representar la más alta dignidad judicial, obraron como cualquier Inspector de Policía del municipio más alejado del país. Los magistrados fueron incapaces de obrar como hombres de Estado y se dejaron llevar por los odios y los amores que entonces, como ahora, los tenían enfrentados. Sus peleas con Álvaro Uribe no pueden servir de excusa para haber elegido a una Fiscal General sin apegarse a la Constitución y a la Ley, como era su obligación, algo que jamás hicieron.
Corte Suprema, la gran perdedora
En el episodio que terminó con la renuncia de Viviane Morales, hay dos grandes perdedores: el país, obviamente, y la Corte Suprema de Justicia, que no solo es la que más pierde, sino que fue la que hizo perder a todo el mundo. Y es que no debe olvidarse que todo se originó por la guerra de poderes que tiene como escenario los pasillos del alto tribunal y que en el caso concreto de la elección de Morales tenía como protagonistas a los magistrados Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte, quienes formaron un bloque en contra del resto de los magistrados. Es ahí donde radica la nuez del problema, no en la pelea con Uribe, como hábilmente lo han presentado. Dichos magistrados quisieron imponer a un candidato suyo y para lograr ese propósito no les importó paralizar a la Corte por 16 meses, hasta el punto de lograr que hubiera cinco vacantes de magistrados titulares, lo que hizo que el quórum se redujera a 18 de los 23 magistrados. Eso es lo que la Corte tiene que decir y no ha dicho: que la precariedad del quórum, obedeció a los intereses egoístas de algunos magistrados. Lo peor es que ese pulso lo ganaron quienes hoy mandan en la Corte. Así de simple.
El Fiscal encargado, Wilson, ¿qué?
El error cometido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, al elegir de forma irregular a Viviane Morales como Fiscal, afectará la respetabilidad institucional y la propia estabilidad de la República, pues ocasiona un vacío institucional, en tanto interrumpe abrupta y definitivamente el desempeño de la titular de ese despacho. Si bien es cierto que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General establece que las ausencias temporales o definitivas del Fiscal, las cubre el Vicefiscal, en la actualidad ese cargo lo desempeña una persona llena de méritos académicos pero con una absoluta falta de experiencia de la vida real y del trasegar de investigaciones y expedientes, lo que no deja de ser un riesgo para el país, pues a cargo de su despacho se encuentran algunos de los casos más complejos en la historia judicial de la Nación. Es evidente que al Fiscal encargado, Wilson Martínez Sánchez, le falta experiencia en asuntos tan delicados como la parapolítica y las ‘chuzadas’ del DAS. Parafraseando a Álvaro Gómez, hay que decir que a la Fiscal la tumbó un “ilustre abogado desconocido” y la reemplaza otro «ilustre abogado más desconocido aún».
El compromiso de Santos con la nueva terna
Como buen jugador de póker, Juan Manuel Santos también tiene una buena dosis de suerte. No de otra forma puede explicarse que las pugnas internas de la Corte Suprema en 2010, que derivaron en la elección de Viviane Morales, quien terminó dimitiendo al cargo, le brinden ahora la oportunidad de elaborar una nueva terna, ojalá más jurídica y menos política, que le permita superar la crisis y diseñar una reforma estructural a la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en su peor momento, por cuenta del fallo del Consejo de Estado. El compromiso de Santos es elaborar una terna ajena a los intereses políticos o de conveniencia, que suelen aparecer en estas ocasiones, y concentrarse en una terna donde primen los principios de administración de justicia . Es importante que los dos hombres y la mujer que la integren garanticen conocimiento, imparcialidad y -sobretodo- carácter. No creo que ninguno de los abogados que han empezado a sonar, quienes han sido gaviristas por conveniencia, samperistas por interés o uribistas por simple lagartería, sean los indicados para ocupar ese cargo. Tienen muchos amigos y muchos intereses. Y eso es muy nocivo para el cargo.