Farc exigen ahora reconvención de Fuerzas Militares y rediseño de orden jurídico y económico

La Habana, 04 de Julio ¬_RAM_ La guerrilla de las Farc exigió la “reconvención” de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, dentro de un paquete de once propuestas mínimas que puso sobre la mesa en las negociaciones de paz de La Habana, Cuba.
Además planteó un “rediseño del orden jurídico y económico”, en el marco de lo que denomina “participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación”.
Sin embargo, los negociadores de las Farc no explican en qué consiste o que significa la llamada “reconvención” de los estamentos militares.
Las once demandas que hacen los cabecillas del grupo guerrillero son las siguientes:
1. Participación política y reestructuración democrática del Estado
2. Participación ciudadana y límites a la concentración de poder público
3. Participación ciudadana y creación del Poder Popular
4. Rediseño de los mecanismos de participación ciudadana
5. Participación ciudadana y reforma a los procesos de descentralización
6. Participación ciudadana y rediseño del orden jurídico-económico
7. Participación ciudadana y reconversión de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
8. Participación ciudadana y reforma democrática a la justicia
9. Elección popular de los representantes de los organismos de control y de otras instituciones públicas.
10. Reforma política democrática y electoral
11. Reforma democrática del poder electoral
En un esbozo que incluyen en el comunicado, hacen las siguientes precisiones sobre el punto de la participación política y reestructuración democrática:
“Con fundamento en una perspectiva integral de la participación política, esto es, de la participación en las dimensiones política, económica, social, cultural, comunicativa y ambiental de la organización social, y a partir del supuesto de que en la ampliación de la democracia se encuentra uno de los pilares de la generación de condiciones para la materialización de los derechos y del buen vivir de la población y la construcción de la paz con justicia social, se emprenderá un proceso de reestructuración democrática del Estado, el cual debe producir los arreglos institucionales a que hubiere lugar a fin de garantizar la construcción efectiva, real y material, de un Estado social, democrático y participativo de Derecho.
Los nuevos diseños institucionales – sustentados en la más amplia participación social y popular y sin perjuicio de mecanismos existentes -, deben sentar las bases para erradicar las actuales estructuras clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas, propiciar el fortalecimiento de la institucionalidad pública y estatal, su presencia cierta en los diferentes campos de la vida social y a lo largo y ancho del territorio nacional, y asegurar el uso transparente y participativo de los recursos y presupuestos públicos con miras a superar las condiciones de desigualdad, pobreza y abandono a las que están sometidas las grandes mayorías sociales y populares.
De otro lado, demandan el rediseño del “cuarto poder”, que definen como “el poder popular”, sobre el cual advierten que, “además de dar vida, reconocimiento y representación institucional a las múltiples formas de ejercicio autónomo y democrático de poder, directo, asambleario, comunitario, a través de juntas, cabildos, o congresos, entre otros, por parte de grupos poblacionales urbanos o rurales, o de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, participará activamente, con capacidad decisoria y de incidencia real y material en los diferentes asuntos públicos, y cumplirá funciones de veeduría y control sobre las diferentes actuaciones del Estado.
Igualmente indican que con miras a rediseñar y fortalecer los mecanismos de participación se creará el Consejo Nacional de la Participación Política y Social, conformado por representantes de los partidos políticos, los movimientos políticos y sociales, las organizaciones sindicales y agrarias, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las organizaciones juveniles y de mujeres, de pensionados, de la comunidad LGBTI, y demás sectores excluidos, designados en forma autónoma, mediante elección directa y con revocatoria de mandato.

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