En el ciclo sobre participación política se juega el futuro del proceso de paz

BOGOTA, 29 de Junio _RAM_ El equipo negociador del Gobierno, encabezado por el exvicepresidente de la República, Humberto de la Calle, viajará a Cuba para reanudar ese lunes los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc y seguir la discusión de segundo punto de la agenda: la participación política, dijeron hoy fuentes oficiales.
La ronda de conversaciones que el Gobierno y las Farc comienzan mañana lunes en La Habana, la número 11 de la negociación y la número 2 sobre participación política, podría ser la ronda de la verdad sobre lo que puede esperarse del proceso de paz con esta guerrilla.
Según la fuente, las partes siguiendo la agenda acordada, se reunirán a partir de este lunes en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Están en esa lista la discusión sobre el Estado presidencialista, la elección popular de Fiscal, Procurador, Contralor y Defensor, la participación popular en las decisiones sobre la integración del país a América Latina y la conversión de la Cámara de Representantes en una Cámara Territorial, con tres delegados por departamento. Además, la reforma de la Justicia y las regulaciones para impedir el monopolio de los medios de comunicación.
Algunas, según el Gobierno, porque implican reformas de las instituciones que no están consideradas dentro de la negociación con la guerrilla. Y todas, porque no están incluidas dentro de los tres subpuntos que se pactaron sobre participación política durante los diálogos exploratorios.
Este nuevo capítulo de las negociaciones que comenzaron en noviembre pasado entre el Gobierno y las Farc, será el número 11 y el segundo del apartado de la participación política.
Las partes cerraron el pasado 26 de mayo que el punto sobre la cuestión de la tierras ya estaba saldado.
Al igual que en anteriores ocasiones, las conversaciones se reanudan en medio de altibajos que surgen en paralelo al proceso de paz.
Uno de ellos es el apoyo de los rebeldes a la protesta que realizan campesinos de la región colombiana del Catatumbo y el rechazo, según las Farc, de la «brutalidad» del ejército en la represión de las marchas.
Más de 10.000 campesinos reclaman desde el pasado 10 de junio al Gobierno que se suspenda la orden de erradicación manual de hoja de coca en la zona, alternativas a esos cultivos ilícitos, la declaración de una Zona de Reserva Campesina y el fin de los grandes proyectos de minería y agroindustria.
Las Farc, desde La Habana, han desgranado otras propuestas adicionales a las primeras diez y que son relativas a las garantías de participación política para campesinos, indígenas, afrodescendientes y otros sectores excluidos, el estímulo a los procesos de integración en América Latina, o el impulso de una cultura política para la paz y la reconciliación nacional.
También insistieron en su demanda de una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar los posibles acuerdos a los que se lleguen, punto al que el Gobierno se opone por considerar que no es el mecanismo más adecuado.
Por su lado, el Gobierno del presidente Santos pidió recientemente a las Farc «juego limpio» y que reconozcan a las víctimas.
En su momento, Santos señaló que «no comiencen con los imposibles, con cosas que nadie les va a conceder, que no están dentro de los acuerdos» en una alusión tácita a la convocatoria de una asamblea constituyente.
Santos también pidió a la guerrilla más antigua de América que entregue las armas, a lo que los rebeldes se niegan, porque uno de los fines del proceso es que una vez se firme la paz, las Farc hagan «política sin armas» para lo cual dijo, el estado dará «todas las garantías y todos los espacios».
Según lo expresado a Efe por un vocero de la oficina de prensa del Alto Comisionado para la Paz, no se tiene previsto que algún miembro de la delegación haga algún tipo de declaración en Bogotá.
El Gobierno colombiano ha mantenido silencio sobre la nueva fase de las negociaciones que abarca aspectos como derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, acceso de los movimientos que surjan del proceso de paz a los medios de comunicación.
En este punto de la negociación se tratarán también mecanismos democráticos de participación ciudadana, así como medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local.

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