Emgesa desviará río Magdalena con aval del gobierno

Los campesinos y pescadores organizados en Asoquimbo alertaron hoy que a partir de este sábado se adelantará, según el cronograma de la multinacional Emgesa, el desvió del rio Grande de la Magdalena con el aval del gobierno nacional. La Asociación de Afectados y Afectadas por la Represa de ‘El Quimbo’, Asoquimbo, hizo un llamado a toda Colombia para poner los ojos en el Huila y manifestar su voz de protesta contra la acción que sería la definitiva para finiquitar el megaproyecto. La ejecución del desvío se da aún sin tener el concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, máxima autoridad que tiene responsabilidad sobre el uso de Río.

El blog escuelamingadelsol.blogspot.com que realizó la denuncia expone los siguientes argumentos sobre las irregularidades del proyecto de El Quimbo, en el Huila:

El Quimbo, según los estudios minuciosos realizados a los documentos de la Concesión, sería el único proyecto que se entregó cien por ciento de las acciones a una trasnacional, “toda la inversión el privada”.  Así mismo, es la única represa en Colombia que se declaró unipropósito, es decir, solo para la generación de energía. Solo se puede realizar otras actividades siempre y cuando éstas no afectan la generación de energía. “Se creó una comisión que se llama Comisión de Observación de los Niveles de Cargabilidad del río Magdalena para, una vez se vallan registrando esos niveles de cargabilidad pues se suspenda la piscicultura”, explicó el profesor.
Desde el análisis hecho a cada uno momentos cruciales de la construcción de la represa, serían más los vicios de procedimiento que se han cometido en éste proceso de adjudicación que los aciertos de las directivas por pretender la mega obra. Según se observa, existe una violación inusual a los protocolos establecidos para la adjudicación de éste tipo de proyectos de compleja intervención a la geografía natural. Por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente adjudica mediante Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009 la licencia ambiental para El Quimbo desconociendo las sugerencias que la Procuraduría General emitidas el 9 de mayo de 2009. Según la comunicación publicada en su página Web, el Ministerio Público solicita a la entidad en cuestión abstenerse de otorgar la licencia, puesto que el megaproyecto “inundará unas de las mejores tierras con aptitud agrícola, en un Departamento con escasez de terrenos productivos, lo que hace difícil su restitución”. Además, la zona donde se ubican las más de 8.500 hectáreas a inundar para la represa “se sitúa dentro de la Reserva Forestal de la Amazonía”. A sabiendas de la solicitud, el Ministerio finalmente la otorgó seis días después.
Agregando a los desequilibrios que evidencia el proceso de consecución del megaproyecto, la Defensoría del Pueblo por su parte adelantó trabajo de campo para lograr y analizar información sobre los hechos anunciados por las comunidades campesinas de la zona. Según Miller Dussan, profesor universitario y facilitador del proceso de resistencia, las comunidades, mediante un oficio radicado el 7 de abril de 2011, solicitaron por aquellos días detener el proceso de adjudicación de la licencia porque se “iniciaron las obras sin haberse dado el proceso de reubicación o reasentamiento de la comunidad Domingo Arias”. Así mismo y según denunciaron las comunidades en el mismo oficio, Emgesa presionó a las comunidades para que vendieran en vez de optar por la reubicación o el reasentamiento como primera opción. Sumado a ello, los campesinos manifestaron desconocer, en aquellos días, el tipo y las condiciones de las llamadas compensaciones que recibirían por abandonar su tierra. “Con la adquisición de predios por parte de Emgesa, se pierden los empleos relacionados con los proyectos productivos que adelantan las comunidades en esos predios”, reza el oficio. Aún así continuó el proceso de Emgesa por su licencia.
Otro de los cuestionamientos que se han sumado a los ya descritos, fue el hallazgo de piezas arqueológicas que harían operarios de la empresa Maya de la ciudad de Cali que realizaba para Emgesa obras complementarias consistentes en las vías de acceso al complejo de obra del megaproyecto. Según el oficio enviado por el senador Alexander López a Beatriz Uribe Botero, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura, “se sustrajeron muestras de hallazgos arqueológicos el día 4 de abril de 2011, sin la presencia de un antropólogo, donde se encontraron huesos y restos de cerámica sin determinar su origen en el sitio K 3 + 00 margen margen izquierda del Río Magdalena. Un segundo hallazgo se realizó en el sitio K 3 + 560 el cual presuntamente fue recogido por Emgesa”. La situación obligó al Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAH ordenar el 7 de junio de 2011 la suspensión de las obras. El resultado fue la sanción contra las empresas Emgesa y la constructora Maja “como posibles infractoras del régimen de protección del patrimonio arqueológico”, puntualizó el oficio de notificación. Sin embargo, hoy vemos que el próximo sábado se desviará de todas formas el rio Magdalena.».
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