La Habana, 21 de Junio ¬_RAM_ Ante las inquietudes que se habían generado por el contenido del acuerdo entre el Gobierno y las Farc sobre el tema de desarrollo agrario, las partes presentaron un informe que plantea hacia donde apuntan las reformas.
Sin ir a fondo en los pormenores de lo que se ha acordado en La Habana sobre el tema de desarrollo agrario integral, las comisiones negociadoras de paz del Gobierno y las Farc hicieron públicos los puntos en los cuales se enfocará el replanteamiento de la política de tierras en el país, dejando claro que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Dejando en evidencia que el diálogo de paz es un camino que se está construyendo y solo será una realidad hasta que se concreten los otros cuatro temas: participación política, fin del conflicto, reparación de víctimas, narcotráfico y refrendación de los acuerdos pactados en la mesa.
En lo referente al tema de tierras, las comitivas informaron los puntos sobre los cuales se logró un acuerdo luego de 10 ciclos de negociación. Se trata cinco grande núcleos temáticos que a juicio del Gobierno “contribuirán a reversar los efectos nocivos del conflicto”. Las Farc aseguran que busca “contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto”.
En síntesis, las Farc y el Gobierno acordaron: los componentes principales de un programa de distribución y formalización de tierras, el proyecto para formalizar y actualizar el catastro rural, como una de las principales fuentes de financiación de los municipios con sus consecuencias positivas en inversión social y uso productivo de la tierra, El plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental pensando en las futuras generaciones de colombianos, la creación de una jurisdicción agraria con cobertura y capacidades regionales y el fortalecimiento de los mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia.
Además, proponen la implementación de planes nacionales sectoriales para reducir la pobreza y la desigualdad mediante obras de infraestructura, riego, salud, educación, vivienda, estímulos a la economía solidaria, seguridad social, generación de ingresos, comercialización, asistencia técnica, ciencia y tecnología, crédito, alimentación y nutrición.
A parte del comunicado conjunto en el que se dio a conocer los avances de la décima ronda de diálogos que terminó hoy, las delegaciones del Gobierno y las Farc hicieron público el primer informe conjunto tras más de siete meses de diálogos en La Habana.
El informe revela detalle sobre el funcionamiento de la mesa de diálogos, la manera como se discute y la metodología de trabajo. De la misma manera se le da desarrollo al temario incluido en el acuerdo en el primer punto de la agenda: la política de desarrollo agrario.
“Luego de 7 meses de conversaciones hemos alcanzado una serie de acuerdos. En primer lugar sobre el punto 1 de la Agenda del Acuerdo General, que hemos denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”; y también sobre diferentes temas de la Mesa y de la participación ciudadana”, se lee en el informe.
El texto revela que durante los primeros meses de trabajo en La Habana los equipos de paz de las partes se dedicaron a concretar cómo serían los mecanismos de difusión –como la página en Internet- y la manera en que la ciudadanía podría participar enviando sus propuestas –formularios escritos y foros-.
Las delegaciones de paz señalaron que: “La Reforma Rural Integral (RRI) debe ser el inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera”.
De la misma manera, el documento que se dio a conocer hoy insiste en que el primer acuerdo suscrito, y conocido o públicamente el pasado 26 de mayo, busca “el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales”. Así como también “pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria”, explica el informe.
De alguna manera, el informe deja ver que el pacto general es el de una reforma agraria integral y que está se centrará en la economía campesina, familiar y comunitaria y “en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente”.
Recuerda el texto que uno de los mecanismos acordados para desarrollar lo pactado es la creación del Fondo de Tierras, el cual se alimentará de predios indebida e ilegalmente adquiridos y se recuperarán “baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de formalización”.
Al mismo tiempo que se habla de democratización de la propiedad y de entrega de tierras a quienes no las tienen, se acordó un plan de choque para la formalización de la propiedad rural. “Esta formalización tiene el propósito de titular progresivamente la totalidad de los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal”, señalaron las delegaciones que buscan el fin del conflicto armado.
Estos son algunos de los temas a los que se les dio desarrollo en el primer informe conjunto sobre los diálogos de paz que el gobierno Santos y la guerilla de las Farc adelantan en La Habana (Cuba).