Jueces decidirán si entrevistas a presos afectan la seguridad nacional

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BOGOTA, 18 de Junio ¬_RAM_ La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó dentro del nuevo Código Penitenciario y Carcelario que la prensa pueda acceder s los detenidos que se encuentren sindicados.
La medida así acaba con la posibilidad de fijar una ‘mordaza’ a la prensa a través del Código, como se pensó en los últimos días.
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, indicó que se quieren modificarán los parámetros para que la prensa pueda entrevistar a los sindicados, en el entendido que no son claras las actuales normas.
La idea es que se autorice por parte del juez del caso el acceso al sindicado pero con criterios claros.
Actualmente no hay nada que regule realmente el tema y a muchos sindicados se les impide poder ser entrevistados.
A pesar de críticas, Congreso pasó norma en el Código Penitenciario. Incluye a todos ‘los internos’.
Dentro de los últimos artículos del proyecto de reforma al Código Penitenciario, que transita su segundo de cuatro debates reglamentarios, la plenaria de la Cámara aprobó este martes la controversial propuesta.
Aunque inicialmente se había propuesto restringir las entrevistas a los medios de comunicación para los sindicados y permitirlas solo para los condenados, los ponentes, apoyados por el Gobierno, presentaron una proposición sustitutiva que extiende este derecho a los “internos”.
Por lo anterior, con la reforma se le daría facultad a que los jueces no autoricen las entrevistas a medios de comunicación y se plantean criterios a seguir.
La propuesta aprobada del artículo 66 es la siguiente:
“Los medios de comunicación tendrán acceso a los centros de reclusión siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el reglamento general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, las resoluciones que para su reglamentación expida el Instituto y que medie el consentimiento del interno. La autorización debe ser concedida por el juez competente, el cual además deberá tener en cuenta el efecto sobre las presuntas víctimas del interno, la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial y la seguridad del establecimiento”.

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