Cuando el gobierno, el ministerio de Cultura, y el coordinador ponente del proyecto, el senador Carlos Ferro, creían que tenían lista la aprobación de un proyecto que busca fijar las condiciones para “proteger, visibilizar y recuperar”, el patrimonio cultural sumergido en nuestros mares como galeones y barcos hundidos con más de cien años en el lecho de mar, las dudas de algunos senadores aplazaron su aprobación. Y las dudas tienen cara de mico. El proyecto define “el patrimonio cultural sumergido como todos aquellos bienes producto de la actividad humana, que representen una manifestación cultural y que se encuentran permanentemente sumergidos en aguas internas, fluviales y lacustres, pero establece que queda por fuera de esa definición de patrimonio los hallazgos de perlas, piedras preciosas, semipreciosas y el oro en lingotes o monedas. Para estos casos la iniciativa le exige al gobierno pagar una remuneración “al contratista hasta con el 50% del valor de los bienes que no constituyen patrimonio cultural de la Nación». Para algunos congresistas significa abrir las puertas de nuestros mares, donde se suponen hay tesoros calculados en más de 10 mil millones de dólares, a los cazatesoros y favorecer directamente a la empresa Sea Search Armada que demandó al Estado colombiano por haber interferido ilegalmente con sus operaciones para recuperar el Galeón San José, que para muchos es el naufragio más valioso de la historia». La empresa americana que ha interpuesto dos demandas pide una indemnización calculada en 17.000 millones de dólares, el avalúo estimado de los tesoros que supuestamente se encuentran en ese barco. De aprobarse este proyecto Colombia debería permitir las exploraciones bajo el mar y pagar un 50% de lo que no se constituya en patrimonio cultural. El proyecto a un debate de ser ley tiene cuatro problemas que se deben resolver en una comisión que se eligió esta noche en senado y que se reunirá mañana, con el fin de sacar adelante la iniciativa: 1. Explicar por qué no se considera patrimonio cultural sumergido las monedas, lingotes de oro, piedras semipreciosas y perlas, 2) Acatar o no el concepto desfavorable de la Procuraduría sobre la iniciativa 3) Definir si la iniciativa requiere consulta previa de minorías y pueblos indígenas y 4. establecer si cede o no la explotación del patrimonio cultural a los contratistas privados. Por ahora, se sabe que la bancada conservadora si acatará el concepto de la procuraduría y votará en forma negativa la iniciativa de origen gubernamental.