Medios dicen que el presidente Correa se volvió «el gran editor de la Nación»

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La prensa privada en Ecuador quedó destinada a un vía crucis y, dicen que su única salida será desaparecer. Por lo menos eso piensa Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, tras la aprobación de la Ley de Comunicación el pasado viernes.

Según Cornejo, el detonante pudo ser la investigación que hicieron los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita titulada ‘El Gran Hermano’ y que le dio la vuelta al mundo por sus denuncias sobre los supuestos contratos fraudulentos que promovió el hermano del presidente Rafael Correa con el Estado.

En realidad, dicen periodistas de varios medios de comunicación nacionales, el detonante pudo ser cualquier cosa: los reportajes sobre entidades privadas, investigaciones a organismos del Estado, publicaciones sobre algunos miembros del Gabinete ministerial…

En fin, sostiene Cornejo, “es una arremetida fuerte contra el pensamiento crítico, la prensa privada y el periodismo de investigación”.

La ley, que tuvo un aval mayoritario en el Parlamento, permite crear organismos como el Consejo de Regulación, el Consejo Consultivo y la Superintendencia de la Información y Comunicación.

La superintendencia podrá hacer auditorías y aplicar sanciones económicas y administrativas y establecer la responsabilidad civil y penal a los periodistas que difundan textos que, en su opinión, lesionen derechos. Así mismo, los medios únicamente podrán publicar contenidos de redes sociales, siempre y cuando verifiquen la identidad del autor.

Entonces, agrega Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, lo que han hecho con la aprobación de la iniciativa gubernamental es dejar en firme el proceso para silenciar la prensa, silenciar la opinión, quitándoles a los ciudadanos el derecho que tienen a informarse.

Mauro Andino, uno de los parlamentarios promotor de la ‘ley mordaza’, defiende las enmiendas aprobadas con el argumento de que “como ciudadanos queremos una libertad de expresión e información con responsabilidad ulterior a partir de un enfoque de derechos para todos, no para un grupo de privilegiados”.

Alarcón sostiene que lo que quiere el Gobierno es “una autocensura para que el periodista calle ante el temor de ser sancionado”.

La opinión de los que no opinan

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, coincide en que la aprobación de la ley “es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa”.

Carlos Lauría, coordinador para las Américas del comité, dice que las disposiciones restrictivas y el lenguaje ambiguo contradicen garantías constitucionales y normas internacionales sobre libertad de expresión.

Pero el uruguayo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de prensa (SIP), fue más allá. Considera que este es uno de los “retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina”.

Paolillo expresa su preocupación por dos aspectos: la tipificación como delito del “linchamiento mediático” y la creación de un Consejo de Regulación de Medios.

El “linchamiento mediático” se produce, según la nueva norma, por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.

Esa figura no es otra cosa que el “establecimiento de un sistema de censura previa” que convierte al Mandatario ecuatoriano en el ‘Gran Hermano’ y gran editor de la Nación, considera Paolillo.

Emilio Palacio, periodista ecuatoriano exiliado en Miami, se toma las cosas con calma. Considera que el anuncio del viernes es una mera “formalidad”, porque desde hace mucho “la mordaza a las opiniones disidentes” ya la habían puesto.

“La aprobación de esta ley era ya casi innecesaria. El objetivo, acallar a cualquiera que tenga una opinión disidente con el Gobierno, estaba logrado”, agrega el excolumnista del diario El Universo.

Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, cree que ahora, aunque haya demandas por inconstitucionalidad de la ley, esta va a seguir adelante porque el tribunal Constitucional está sometido al Gobierno.

Lo peor, sostiene, es que actualmente se tramita otra ley de reforma integral penal “donde hay un capítulo enorme donde penalizarán con cárcel lo que ellos consideren delitos de opinión”.

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