La polémica por la acumulación de títulos de terrenos baldíos asignados en la reforma agraria a los pequeños campesinos del país y adquiridos, al parecer de forma irregular, por empresas privadas para crear grandes plantaciones, parece no tocar fondo aún.
De una parte, mientras el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo considera que la actuación del Gobierno -no solo el actual sino los anteriores- ha sido “alcahueta de este tipo de irregularidades” (ver entrevista), el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez anunció la revisión “con lupa” de dichas transacciones.
Vélez dijo que en los casos en que se detecte la acumulación de terrenos baldíos mediante maniobras de mala fe, sancionará no solo a los notarios y registradores que las permitieron, sino que a través del Incoder se harán las denuncias penales correspondientes.
De hecho, esa entidad ya ha presentado una docena de denuncias penales, de las cuales aún no ha habido ningún tipo de fallo.
El Supernotariado dice que los traspasos ilegales serán anulados en caso de comprobarse irregularidades.
Pero el otro problema para el Gobierno es que en este escándalo resultó salpicado el actual embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia Valenzuela, quien fue uno de los socios de la firma de abogados Brigard y Urrutia, que gestionó para el ingenio Río Paila Castilla cerca de 40 mil hectáreas que han generado toda suerte de suspicacias.
En entrevista a Colprensa, el senador Jorge Robledo ratifica sus denuncias en este sentido, alerta sobre ‘micos’ que él ve en proyectos en curso en el Congreso y asegura, tajante, que “el Gobierno ha sido alcahueta”.
– El Gobierno revisará “con lupa” la venta de lotes baldíos. ¿Cómo ve ese anuncio?
Es importante que las denuncias empiecen a generar investigaciones de esta inmensa violación de la ley.
– ¿El caso de Río Paila Castilla es el único?
Es claro que no es el único caso. Son muchas más las empresas que han estado vinculadas en estas investigaciones. El Incoder también tiene un listado de concentración de esas tierras.
– El Superintendente de Notariado dice que hay que legislar para garantizar la inversión en el agro sin permitir la concentración. ¿Cómo lo ve?
Decir que para garantizar la inversión en el campo se debe despojar a los campesinos es inaceptable, y menos si se va a legislar para tapar los delitos que han cometido algunos comprando tierras que no podían comprar.
– ¿Cuántas hectáreas están en esa situación?
En alguna ocasión el propio Supernotariado dijo a un periódico que en Colombia “se han robado por lo menos 700 mil hectáreas”, pero no me sorprendería que fueran muchas más. El propio Superintendente ha hablado de 60 formas de robar las tierras del Estado.
– ¿Y de esas hectáreas qué se ha recuperado?
No sé, entre otras cosas porque los procesos apenas están comenzando. No conozco un proceso en el que se haya declarado la nulidad. Lo cierto es que el Estado se ha movido con extrema lentitud en ese sentido.
– ¿En qué regiones se han dado estas ilegalidades?
El último caso es el de la Orinoquia (Caquetá, Meta, Vichada y Casanare), pero se están presentando en todas las regiones. Hay tierras de Germán Efromovich en La Gloria, Cesar; tierras del Fondo Ganadero de Córdoba en Urabá; tierras de Argos, que es parte del Sindicato Antioqueño, en los Montes de María.
– Además de empresarios privados, ¿quiénes más han adquirido esas tierras?
En el caso del delito que cometen empresas como Ríopaila Castilla, ya no son baldíos sino tierras que estas empresas compran ilegalmente. Pero es sabido que en este mundo del despojo a campesinos han actuado grupos paramilitares, la guerrilla y en algunos casos delincuentes de cuello blanco.
– ¿Cuáles son las formas de robar al Estado?
En torno a la propiedad campesina puede haber muchos delitos: robo, desplazamiento forzado, concentración de predios, correr linderos, crímenes, etc. El caso de Río Paila es el de una empresa que de forma fraudulenta adquiere 40 mil hectáreas, cuando podía comprar un máximo de mil hectáreas.
– ¿El Estado no ha actuado como debería?
Personalmente tengo una preocupación: el ex ministro Juan Camilo Restrepo, y su sucesor Francisco Estupiñán, están más interesados en salvarles los negocios a quienes han violado la ley que en aclarar esa ilegalidad y premiar la ilicitud. Por ejemplo la Ley 164 del 94 fue montada para sanear despojos entre los años 1961 y 1994, y ahora quieren cambiar los contratos de compraventa ilegales por unos falsos contratos de asociación entre los campesinos pobres y los empresarios.
– ¿Ha faltado mano dura?
Es que además de cubrir muchos de estos actos delictivos, el Gobierno insiste en legislar a favor de quienes violaron la ley. La firma de abogados que monta la operación ilegal de Río Paila Castilla es Brigard y Urrutia, que en ese momento era del hoy embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia. Esta es la hora que el embajador no ha dado ninguna explicación. La única, absurda, que ha dado es que él vendió sus acciones en 2012, pero resulta que esos delitos han venido cometiéndose desde 2009. Entonces, así esa empresa ya no sea de él, el delito se cometió bajo la orientación de Brigard y Urrutia, eso está demostrado.
– Es decir, el Gobierno no ha actuado en debida forma…
No es posible creer que el Gobierno está atendiendo este asunto de forma debida cuando modifica las normas sin explicarle al Congreso qué es lo que está haciendo, porque en la exposición de motivos –de la Ley 164- el ministro no explica que lo que quieren es ‘blanquear’ unas apropiaciones ilegales de tierra. Entonces lo que veo es a un Gobierno alcahueta de este tipo de irregularidades.
– ¿Esta polémica tiene algo que ver con el proyecto para regular la venta de tierras a extranjeros?
Es el mismo proyecto de Ley 164, en el que el ministro Juan Camilo Restrepo presentó seis artículos sobre extranjerización y una serie de normas sobre baldíos, todas orientadas para beneficiar estos hechos delictivos. Una de esas normas se redactó de tal manera que la titulación de predios dejaría de operar desde el año 94 hacia atrás; solo en el caso de Río Paila Castilla, les legalizaría 11 predios. Y si miramos otros casos, me imagino que serían centenares de predios que pasarían de la ilegalidad a la legalidad. Es una forma de legalizar esos despojos. Hay otro artículo que en la práctica apunta a que los contratos de compraventa ilegales se conviertan en contratos de alquiler legales. Entonces, el comportamiento del Gobierno es totalmente inadecuado.
Fuente COLPRENSA