El representante por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, denunció que contrario a lo que establece la ley de que los territorios baldíos deben ser adjudicados a campesinos para su explotación, en el departamento del Vichada grandes extensiones de tierra está en manos de empresas como el ingenio Riopaila Castilla, Corficolombiana, el grupo brasileño Mónica Semilla o la familia de Carlos Aguel Kafruni.
Según dijo Arias a Caracol radio, en el caso de Riopaila, actualmente el ingenio es dueño de 42 mil hectáreas de tierra La Primavera y Santa Rosalía, Vichada, que corresponden a 43 predios o unidades agrícolas familiares – UAF-, conocidas como el proyecto Veracruz.
A juicio del representante del Polo esta posesión viola la norma que establece que nadie puede ser propietarios de más de una unidad agrícola familiar, que puede tener una extensión entre las 966 hectáreas y las 1900.
Según el congresista para hacerse a estas tierra Riopaila contó con la colaboración de Francisco Uribe Noguera, abogado de la firma Brigard & Urrutia, quien figura como gerente suplente de las “empresas fachada” que compraron cada uno de los predios.
El bufete según el parlamentario habría asesorado a Riopaila sobre los vacíos en la norma que le permitirían adquirir los predios, sin importar que se violara el mandato que prohíbe tener más de una UAF.
En su carta a los organismos de control, Arias denuncia que Riopaila presta el dinero para comprar los predios a cambio del arriendo de los tierras por 30 años. Sin embargo, según el parlamentario, termina haciéndose a las mismas a través de una operación en Luxemburgo, donde adquiere la empresa Asturias Holding Sarl que recibió la “participación de terceros en sociedades arrendatarias de tierras vinculadas al proyecto Veracruz”.
En el documento entregado a la Fiscalía, el congresista detalló que “en esta empresa criminal intervienen la creación de múltiples firmas tipo SAS (Sociedades Anónimas Simplificadas) como medio fraudulento o engañoso para concentrar la propiedad de una extensa superficie de tierra, prohibida por la ley mediante el concurso doloso de prestigiosos abogados, los representantes legales del ingenio Riopaila Catilla SAS, los representantes legales y socios de las 27 firmas tipo SAS constituidas para tal fin”.
Otro de los apartes dice que “el Proyecto Veracruz es un entramado de actores y formas que incluyen recursos provenientes de paraísos fiscales, asesoría de abogados, creación de empresas de fachada, entre otros aspectos. Todo con el fin de acumular un globo de tierra que, según el Incoder, alcanza las 42 mil hectáreas”.
En el caso del grupo Corficolombiana Arias aseguró que es propietario de 13.785 hectáreas que hacen parte de 17 predios ubicados en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López, Meta, que fueron adquiridos por “empresas fachada”, que a su vez terminaron en poder de cuatro empresas especializadas del sector agropecuario, “constituidas por el grupo en la semana entre el 5 y el 12 de octubre de 2012” y que luego las dieron en aportes a la Organización Pajonales S.A.
Responde Brigard & Urrutia
El abogado Francisco Uribe de la firma Brigard & Urrutia dijo hoy a la w que «la teoría que tenemos del artículo 72, el que está en discusión, permite pensar que esas tierras sí se pueden adquirir como se adquirieron. No se hizo una estructura para saltarse la ley».
Justificó la creación de las 27 SAS para la compra de las tierras baldías asegurando que «se crearon porque cuando de habla de proyectos productivos se pueden hacer en diferentes sociedades. En el derecho civil y mercado comercial de constitución de sociedades no hay nada que impida que pueda constituir, no sé por qué eso al Incoder le parece sospechoso».
Admitió que las 27 SAS están en poder de Riopaila y que «hacen parte de una estructura internacional, 2 jurisdicciones una en Luxemburgo y la otras en Colombia. Las 27 SAS no están a mi nombre hoy en día, hacen parte de un grupo empresarial».
Uribe aseguró que Brigard & Urrutia fue contratada por Riopaila para revisar predios y por petición de esta empresa se crearon las 27 SAS. «Nos contratan para analizar la ley. Consideramos que el artículo 72 no tiene una aplicación absoluta. Los grupos empresariales en Colombia pueden tener producción de gaseosas, juguetes, etc. No todo tiene que estar en una misma compañía».
Corficolombia se defiende
José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, dijo en w radio que la adquisición de tierras en los llanos Orientales por parte de la Organización Pajonales S.A se realizó como “se compra cualquier activo”.
Melo afirmó que hubo una consulta previa y una evaluación con un abogado antes de adquirir las hectáreas en el los llanos.
“Son adquisiciones normales como cualquier otra (…) Hubo evaluación legal y se hizo como una compra de cualquier activo”, señaló el presidente de Corficolombiana.
Además, contó que en esas 4.157 hectáreas en el Meta hacen parte de una hacienda de caucho.
Posición del Gobierno
El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, dijo que unas 140.000 hectáreas que pertenecían a los campesinos, pero no se les había dado uso alguno, fueron adquiridas por grupos empresariales valiéndose de estrategias ilegales.
Los datos corresponderían a una investigación que adelantó el Incoder en 2011 y en la cual se encontraron unos 15 casos de acumulación indebida de tierras bajo estrategias “no muy jurídicas ni muy claras”, actuando contrario a la Ley 160 de 1994, que prohíbe la adquisición de propiedades que superen las dos unidades agrícolas (ver recuadro). Las compras se habrían efectuado antes de 2008.
La situación ya fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro y, según Estupiñán, en declaraciones a la W Radio, se hará lo propio en la Procuraduría y en la Fiscalía. Además, pesan ya 12 demandas de nulidad contra dichos contratos de compraventa.
El titular de la cartera agropecuaria anunció que los contratos deberán ser anulados y las tierras regresadas a sus propietarios
originales, por lo que se perderá el dinero que se pagó por ellas, ya que se trata de compras irregulares. Así mismo, los involucrados asumirán sanciones económicas y penales a las que haya lugar.
Pero al Ministro le preocupa que la solución a este problema implique ahuyentar la inversión. “Hay que buscar mecanismos para que se efectúen esas medidas sin crear traumatismos y sin que se vayan a pique los proyectos en los que se invirtieron que generaron desarrollo, productividad y bienestar”, explicó a la emisora.
En ese sentido, Estupiñán le apuesta a una figura que permita que se mantenga la propiedad de los pequeños campesinos sobre las tierras y al tiempo preserve los proyectos, a fin de que “vengan inversionistas nacionales y extranjeros a aportar dineros que se requieren para el crecimiento del campo, pero respeten la tenencia de la tierra como lo exigen las normas”.
El pasado 24 de mayo, el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, reveló una investigación realizada por el Incoder, donde se denunció haber encontrado que entre 2006 y 2010 se adjudicaron irregularmente 416.545 hectáreas de tierras baldías de la Nación.
Esta situación hace parte de un documento del Ministerio de Agricultura sobre la “implementación de la Política integral de tierras periodo 2010- 2013”, en donde se da cuenta de la reactivación de 1.570 procesos agrarios que se encontraban estancados y que involucran 800 mil hectáreas.
Por la presunta concentración o adquisición de tierras provenientes de baldíos, que superan la extensión máxima por las Unidades Agrícolas Familiares, el Ministerio anunció una investigación a 13 empresas vinculadas a actividades agroindustriales por parte de las autoridades competentes.
Ante esta situación se solicito la intervención para asuntos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y se solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro la revocatoria o cancelación de los registros de las compraventas que dieron lugar a la concentración indebida de tierra.
En la presunta concentración de tierras figuran el Fondo Ganadero de Córdoba, Mulero, Mulas Altamaceras, Bioagroindustrial, Inversiones Palma Oriente, Ecolpalma, Poligrow Colombia, Mónica Semillas, Sociedad Inversiones Eternas, Sociedad Villa Diana, El Brasil, Finca Las Palmeras y Veracruz.
Se trata de procesos de clarificación de la propiedad, extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
Posición de Incoder
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, envió una comunicación el 1 de marzo de 2013 a la Presidencia de la República (Secretaría de Transparencia) denunciando la adquisición irregular de predios por parte de Riopaila Castilla S.A. y sus socios Brigard & Urritia S.A.
Dicho informe evidencia que es poco factible que la creación de 25 sociedades por acciones simplificadas, SAS, no se hubiera hecho para violar la ley 160 de 1994.
Dice en su informe el Incoder: “En consecuencia, se advierte que las 25 Sociedades por Acciones Simplificadas, se crearon con el propósito, presuntamente, de realizar fraude a la ley 160 de 1994 respecto de la acumulación de la propiedad de más de una Unidad Agríola Familiar en el departamento de Vichada, como quiera que el mismo socio y único dueño de las 25 sociedades negoció la compra de 37 predios que comprenden 32.000 hectáreas aproximadamente”.
Igualmente, se advierte que las 25 sociedades que se constituyeron con cero (0) pesos, como lo indica el informe, realizará operaciones de miles de millones de pesos, lo que llevó al Incoder a mencionar que también se debería examinar por parte de la autoridad competente los efectos tributario y legales de la operación.
El informe concluye que todas las pruebas enviadas a la presidencia evidencian que hay “nexo evidente e incuestionable entre Riopaila Castila S.A. y las Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas presuntamente para cometer el fraude a la ley, toda vez que no existir irregularidad algún, no se habría requerido hacer una cadena de cesiones de la propiedad de las Sociedades por Acciones Simplificadas hasta hacer casi imposible la identificación de sus propietarios”.
Las denuncia presentada a la fiscalía y a Contraloría por el representante Wilson Arias
DOCUMENTO_CONTRALORÍA_VR FINAL
DENUNCIA RIOPAILA CASTILLA_PRENSA_DENUNCIA
Con información de Caracol radio y la W radio