Responsables del despeje del Caguán podrían pagar de su bolsillo

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Los responsables por el despeje de 42 mil kilómetros cuadrados en cuatro municipios de Meta y Caquetá, conocida como El Caguán, podrían eventualmente pagar con su propio dinero la indemnización que se derive de la primera condena que profirió el Consejo de Estado en contra de la Nación por ese despeje.

Expertos en Derecho Administrativo consultados por Colprensa, explicaron que este escenario se podría producir si el Ministerio de Defensa, entidad condenada, decide interponer ante un Tribunal un recurso que se llama acción de repetición que busca establecer responsabilidades directas de funcionarios por los hechos que llevaron a que la Nación fuera condenada.

Una vez el Mindefensa pague el monto que se establezca en próximos meses como indemnización a un ganadero al que le fue robado un número aún no determinado de cabezas de ganado en 1999 durante la zona de distensión, hay un tiempo de dos años para poner este recurso en contra de los funcionarios que considere fueron responsables pero solo si se puede decir que actuaron con culpa grave o con dolo.

Según explicó el profesor y consultor en Derecho Administrativo Mauricio Rodríguez Tamayo, esta responsabilidad podría caber desde el Presidente de la República de entonces, Andrés Pastrana, hasta comandantes de Brigadas, pasando por Ministros y otros altos funcionarios.

En caso de presentarse una acción de este tipo, sería un Tribunal el que entraría a determinar si en efecto hubo dolo (intención de provocar el daño) o una negligencia grave. Si se llegara a presentar una acción contra el presidente Pastrana, la conocería el Consejo de Estado por cuestión de fuero.

No obstante, la opinión mayoritaria por las fuentes consultadas señalan que no habría lugar a responsabilidad del presidente Pastrana. Así por lo menos lo indicó el ex presidente del Consejo de estado, Jesús María Carrillo.

“Tendrían que probar que el Presidente obró de mala fe o si estaba en ejercicio legítimo y trabajando en bien del país. No es evidente la mala fe”, expresó.

No obstante, el ex presidente del Consejo de Estado Rafael Osteau, indicó que cosa distinta podría suceder, por negligencia, con autoridades civiles de la zona que, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado de este miércoles, dejaron desprotegida a la población civil que en consecuencia fue víctima de los abusos de las Farc durante el despeje.

El ex consejero de Estado Carlos Betancur, quien estuvo 20 años en la Sección Tercera, la misma que profirió el fallo, indicó que el argumento de fondo fue que los habitantes de las zonas desmilitarizadas fueron sometidos “a una carga excepcional que no tenían porque soportar” así fuera en aras de buscar la paz.

“Es la primera vez que el Estado es condenado porque retira a la fuerza deliberadamente dejando desprotegida a la población y, con eso, en términos jurídicos, causó un desequilibrio de las cargas públicas consistente en que la población de ese territorio soportó las consecuencias del experimento de paz”, dijo.

Ahora bien, se podría señalar que este fallo sigue en la línea de la jurisprudencia del Consejo de Estado quien ya en el pasado condenó a la Nación por desatención de la población civil por operaciones militares que implicaron desalojo de la población civil y afectación de sus bienes.

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