BOGOTA, 05 de Junio ¬_RAM_ Este miércoles se conoció que el Consejo de Estado condenó a la nación en razón de la zona de despeje del Caguán que se le hizo a la guerrilla de las Farc para adelantar diálogos de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana.
La sentencia señala que «en la zona de despeje el Esatdo colombiano bajó la guardia y los delitos que se cometieron fueron por omisión del Estado».
En ese sentido, La nación tendrá que hacer mejoras estructurales en reparación al daño que se permitió durante el despeje.
Estado tendrá que responder por las personas que fueron víctimas de hurto, de masacres y de secuestros que se hayan presentado durante los tres años y medio en que estuvo la zona de distensión.
Se espera que en los próximos días el Consejo de Estado notifique a la Nación sobre la determinación.
El fallo dice que no se tomaron las medidas para proteger a los habitantes de la zona y que la ausencia de fuerza pública en el área dejó a la población indefensa. “Aunque había autoridades administrativas estas no podían cumplir la función de defender a los pobladores”.
La demanda contra el Estado había sido interpuesta por el ganadero Ismael Díaz Gaitán el 5 de mayo de 1999, quien pedía ser reparado porque entre el 12 y el 22 de noviembre, días después de que Pastrana autorizara el despeje de los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa y La Uribe (Meta), las Farc le robaron 3.282 cabezas de ganado.
Díaz interpuso la acción judicial ante el Tribunal Administrativo del Huila en contra del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, alegando que las fincas y ganaderías se hallaban sin protección militar alguna, lo que permitió que la guerrilla robara sus reses.
La indemnización que pidió el ganadero por los daños ocasionados era mínimo de 2.240 millones de pesos por los perjuicios materiales, morales, actuales y futuros causados por el robo. Sin embargo, la condena que hoy ratifica el Consejo de Estado establece que la indemnización será en abstracto ya que no se pudo establecer la cuantía de los daños y los perjuicios sufridos.
Díaz, quien fue acusado por las Farc de tener nexos con grupos paramilitares y recibió de esta guerrilla ocho atentados, fue asesinado el 13 de junio del 2003 en su vivienda en Neiva.
Durante la misma época en la que se dio la denuncia de Díaz, la Federación de Ganaderos (Fedegán) denunció ante el Estado que la guerrilla había robado además 8.000 reses de propiedad del Fondo Ganadero del Meta, además del cobro de extorsiones para la movilización del ganado.
En agosto del 2003, un año y siete meses después de que el Gobierno de Pastrana pusiera fin a los diálogos con las Farc, el Tribunal Administrativo de Caquetá condenó a la Nación considerando que “si bien la Fuerza Pública y en general el Estado colombiano obró en interés de todos los ciudadanos al establecer la zona de distensión para dialogar con las Farc, perjudicó a su vez a un grupo específico de la población al dejarlos desprotegidos y a la merced de las Farc… obligándose (el Estado) a reparar los perjuicios acaecidos”. Diez años después de que la Nación apelara el fallo, la decisión fue ratificada por el Consejo de Estado.