Con tres días de arresto y una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes fue sancionado el alcalde designado de Cartagena, Carlos Otero Gerdts, por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional del 18 de mayo de 2012, cuando aún no ocupaba el cargo.
La orden fue proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que resolvió declarar en desacato a Otero Gerdts tras la acción legal promovida por el Consejo Comunitario de La Boquilla.
La decisión del Tribunal señala que el fallo será enviado al Consejo de Estado para efectos de la consulta, toda vez que esta es una especie de “apelación automática” en virtud de la cual las decisiones sancionatorias en un incidente de desacato deben ser consultadas con el Superior jerárquico, antes de cumplirse. Ante el Consejo de Estado cada una de las partes podrá presentar, durante este término, sus alegatos.
Los hechos se remontan a la acción de tutela interpuesta por Jovannys Pardo Castro en contra de la Dirección General Marítima–Capitanía de Puerto de Cartagena, para obtener sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la realización de la consulta previa a las comunidades negras.
En la sentencia T – 376 de 2012, la Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, concedió el amparo al derecho fundamental a la consulta previa para la comunidad negra de La Boquilla y dejó sin efecto la Resolución 0487 de 2009, expedida por la Dimar, en la que otorgó una concesión a Inversiones Talarame & CIA S.C.A., en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena.
La sentencia indica que se debe “advertir a la Dimar y prevenir a la Alcaldía Distrital de Cartagena sobre su obligación constitucional y legal de permitir el tránsito y uso de la playa a todas las personas, y respetar el acceso a ellas por parte de los miembros de la comunidad de La Boquilla, mientras se adelanta el proceso de consulta (…)”.
El 13 de diciembre de 2012, el representante legal del Consejo Comunitario de La Boquilla, Benjamín Luna, presentó incidente de desacato a la sentencia de la Corte, asegurando que las órdenes dadas a la Alcaldía de Cartagena y a la Dimar no habían sido cumplidas.
La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar explica que el incumplimiento radica en que se permitió que “estructuras que fueron construidas con ocasión de la concesión, permanezcan incólumes, cuando aún no se ha solicitado nuevamente la concesión por inversiones Talarame.
Sobre la consulta previa
La directora de Consulta Previa del Ministerio del Interior señaló en un informe del pasado 29 de enero de 2013, que se realizó la convocatoria para una reunión que comenzaría el proceso de la consulta previa el 8 de diciembre de 2012, pero Benjamín Luna, presidente del Consejo Comunitario de La Boquilla, indicó que no asistiría al encuentro por considerar que aquella no podría realizarse hasta que Dimar cumpliera el fallo de la Corte Constitucional.
El 26 de enero, la encargada de adelantar los procesos de consulta previa en Bolívar se reunió con Benjamín Luna, el líder comunitario quien ratificó que no participaría en el proceso hasta que se cumpliera la decisión de la Corte.
Fuente. El Universal de Cartagena