ONU considera insuficiente los avances en derechos humanos en Colombia

El nuevo representante de la ONU en Colombia, el estadounidense Todd Howland, destacó hoy los esfuerzos del gobierno actual por garantizar a la población civil el respeto a los derechos humanos pero los consideró insuficientes, al presentar en Bogotá el informe anual de la Alta Comisionada del organismo en el país.

«El Gobierno emprendió importantes iniciativas legislativas y de política pública, condenó una serie de violaciones de derechos humanos y tomó acción contra la corrupción y el despojo de tierras», afirmó el texto presentado por Howland, indicó DPA.

Sin embargo, para el organismo las ejecuciones extrajudiciales, el incremento de la violencia de bandas criminales, la reclusión de menores en organizaciones guerrilleras y la desaparición forzada, entre otros, son acciones que persisten en la mayor parte del país.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, firmada por el presidente Juan Manuel Santos en junio de 2011, tiene un «vacío» debido a que los campesinos despojados que reciben los terrenos están siendo amenazados por grupos ilegales que tienen intereses en los predios.

«El reto es asegurar la protección de todos los involucrados, incluidos los funcionaros del Estado», señaló el funcionario al referirse a quienes investigan la veracidad de las historias narradas por los reclamantes de tierras.

De acuerdo con el documento, las casi siete millones de hectáreas despojadas a lugareños violentamente se concentran en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima.

La ONU señaló además, que «la práctica de ejecuciones extrajudiciales no se han erradicado totalmente», debido a que el organismo registró durante 2011 casos en Bogotá, y los departamentos de Arauca, Cauca y Cesar.

Para el organismo es «esencial» que en los casos de «falsos positivos», como se conocen este tipo de ejecuciones, sean investigados en primera instancia por la justicia ordinaria.

A esta problemática se sumó en 2011 la presencia en el conflicto cada vez más fuerte de «grupos armados ilegales que surgieron después de la desmovilización de organizaciones paramilitares» durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El texto señala a grupos como el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC), los «Paisas», los «Rastrojos» y los «Urabeños» de ser los responsables de las amenazas y los 32 ataques contra la población civil en 2011.

«El número de masacres y de víctimas atribuidas a estos grupos continuó aumentando, principalmente en Antioquia y Córdoba», en donde estos «ejercen control territorial, restringen la libertad de movimiento de la población y ejercen control social, imponiendo sus normas de comportamiento y sanciones públicas».

De la misma forma indica que esas organizaciones, además de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), «están presentes en la mayoría de los departamentos del país y demuestran alta capacidad de reclutamiento, incluyendo niñas, niños y adolescentes».

A propósito de la decisión anunciada este domingo por las FARC de dejar de secuestrar a civiles, el informe aseguró que en el primer trimestre de 2011 las retenciones atribuidas a esa guerrilla presentaron un aumento del 76,6 por ciento, mientras que los realizados por el ELN disminuyeron un 38,1 por ciento.

Finalmente, la Alta Comisionada reiteró la recomendación al gobierno nacional de «buscar una solución pacífica al conflicto armado que asegure una paz sostenible y duradera».

Asimismo, exhortó a los grupos armados ilegales a que «liberen de manera inmediata y sin condiciones a todas las personas secuestradas, cesen todos los actos violatorios de los derechos de las niñas y niños, dejen de cometer actos de violencia sexual y detengan la colocación de minas antipersonal».

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