Un fallo de la Corte Suprema, que condena a un ex empleador por haber vendido sus bienes para no responder con las obligaciones laborales de uno de sus trabajadores, dejó sin vivienda a un magistrado de la sala Laboral de ese tribunal.
La sentencia que fue aprobada por los nueve magistrados de la sala Penal anula la compra del apartamento que el hoy magistrado Luis Gabriel Miranda hizo en el año 2001 a la sociedad Seguridad y Vigilancia Integral de Colombia S.V.I. de Colombia Ltda.
Con ponencia del magistrado Augusto Ibáñez la Corte precisó que los derechos de las víctimas están por encima de los de los compradores de buena fe.
La sentencia, que tiene fecha de 16 enero, encontró que la venta de propiedades que hicieron Manuel Antonio Santos Muñoz y María Constanza Arias Lozano, entre los que figura el apartamento del magistrado Miranda, ubicado en el sector de La Calleja, corresponde al delito de alzamiento de bienes.
El magistrado Miranda le dijo a RCN LA RADIO que acudirá a la acción de tutela para evitar perder el patrimonio de su familia y aseguró que nunca fue informado que con este proceso la propiedad de su apartamento corriera peligro.
En las mismas condiciones que el magistrado Miranda se encuentra una pareja de profesores que pasan los 65 años, quienes juntaron los ahorros de toda su vida para comprar a Santos Muñoz y a Arias Lozano, un apartamento en el sector de Lisboa en el norte de Bogotá, que están en riesgo de perder.
Un vocero de la sala Penal le dijo a RCN LA RADIO que la Corte no falla mirando el nombre de las personas implicadas en los procesos y aseguró que en ningún momento intentaron contactar al magistrado Miranda. Ante la pregunta si su compañero de Corte está en riesgo de perder su apartamento, el magistrado aseguró que tendrá que acudir a la justicia civil para defender su derecho a la propiedad.