El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, avaló la demanda instaurada ante la Corte Constitucional para tumbar normas del llamado “Marco Jurídico para la Paz”, que, entre otras cosas, le permitirá a los desmovilizados de la guerrilla participar en política aunque hayan sido condenados por delitos de guerra.
Se trata de varios artículos del acto legislativo 01 de 2102, que consagra la justicia transicional y que tienen que ver con la forma como deben ser juzgados los integrantes de la guerrilla que dejen las armas.
Según el Procurador, las disposiciones violan no solo la Constitución Política colombiana, sino también tratados internacionales, como el Estatuto de Roma que dio vida a la Corte Penal Internacional.
De acuerdo con el concepto del Procurador, el Estado tiene la obligación no solo de juzgar, sino también de condenar a los miembros de los grupos guerrilleros que hayan incurrido en crímenes atroces y de lesa humanidad.
El jefe del ministerio público añade que no puede haber perdón y olvido sobre hechos relacionados con delitos de lesa humanidad y además advierte que los autores de tales conductas no deben tener ninguna concesión.
Igualmente el procurador considera que la reparación a las víctimas debe ser integral, esto es, abarcar verdad, justicia y reparación.