Procuraduría confirma destitución del secretario de gobierno Guillermo Asprilla

En fallo de segunda instancia y contra el cual no procede ningún recurso, la Procuraduría General de la Nación, confirmó en las últimas horas la sanción de destitución y su inhabilitación por 12 años que impuso al secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla.
La decisión tiene que ver con el proceso que se le adelantó por haberse posesionado como concejal de la capital estando inhabilitado por haber actuado como abogado en una demanda instaurada por un grupo de familias afectadas por el derrumbe del relleno sanitario de Doña Juana en el año 2007.

Según el ministerio público, a pesar de que Asprilla renunció al poder que le otorgaron los damnificados, no radicó esa decisión ante el Consejo de Estado.
En efecto, en su fallo la Procuraduria resalta que el funcionario otorgó por escritura pública del 16 de febrero de 2011, poder general, amplio y suficiente a la doctora Yadi Marisol Florian Asprilla, para que lo representara en dicho litigio, pero este documento no fue presentado ante el Consejo de Estado y por ende no fue reconocida la personería jurídica de la doctora Florian Asprilla.
Añade que el disciplinado tampoco utilizó el mecanismo de la renuncia al poder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes de tomar posesión en el cargo de concejal de Bogotá en el 2011.

Recuerda la Procuraduría que “el 2 de mayo de 2012 el Consejo de Estado expidió certificado en el que advierte que el señor Asprilla Coronado continuó actuando dentro del mencionado proceso judicial como apoderado de los demandantes al Distrito”.
El ministerio público califica la falta de Asprilla como gravísima a título de dolo porque confluyó en el sancionado el conocimiento de la prohibición y su conciencia de capacidad individual de acción y no realizó actuación alguna para evitar infringir la Ley, máxime cuando con su experiencia como litigante, debía saber que el poder general que otorgó a la abogada Florian Asprilla, para que tuviera efectos legales, debía registrarse ante los estrados judiciales.

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