Radicado proyecto del nuevo Código Penitenciario

En la mañana de este jueves, la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, junto con el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, y los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y Augusto Posada, fue radicado el proyecto del nuevo Código Penitenciario.

Durante la radicación del proyecto, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, indicó que «Somos conscientes del problema pero las soluciones tienen que ser de carácter estructural. Con esta propuesta de reforma no estamos debilitando la Ley de Seguridad Ciudadana, delitos como la extorsión, el robo con violencia, hurto agravado, el abuso sexual de menores, no tendrán ningún tipo de beneficio, como hoy ocurre”.

La Ministra recalcó que las medidas propuestas por el Gobierno apuntan a humanizar la situación carcelaria conservando los principios de Justicia, Seguridad y Modernización. “No vamos a deshacinar las cárceles a costa de la ciudadanía. No vamos a soltar a los delincuentes”, aseguró la Ministra.

Entre las medidas que incluye esta propuesta está el que los entes territoriales asuman la responsabilidad que tienen por Ley de atender a la población detenida de manera preventiva. Esta propuesta de Código rescata y refuerza esta obligación.

“Hoy, en cárceles del orden nacional hay alrededor de 40 mil personas, es decir, el equivalente a la sobrepoblación carcelaria. Si cada uno de los más de 1.100 municipios del país se hiciera cargo de los detenidos de manera preventiva, tendrían que tener a su cargo alrededor de 35 personas”, indicó.

La Ministra también destacó que el proyecto incluye la vinculación del sector privado a través de varios mecanismos. Uno de ellos, a través del cual se permite la Asociación Pública Privada para la construcción de establecimientos de reclusión.

“Descartamos la declaratoria de Emergencia Carcelaria porque lo único que permite esta medida es contratar de manera directa para abrir cupos en las cárceles. Eso lo estamos haciendo desde ahora y esperamos que para el mes de junio tengamos lista la primera alianza para la construcción de un centro penitenciario a través de este modelo”, indicó Correa.

La alta funcionaria también aseguró que la iniciativa promueve estímulos que puede ir hasta la exoneración de impuestos, para que la empresa privada que contrate el trabajo de las personas privadas de la libertad y personas que hayan terminado de pagar su pena. Y recalcó que el no tener con qué pagar una multa no podrá ser un obstáculo para que las personas recuperen la libertad.

La Ministra enfatizó, finalmente, en que esta iniciativa le apunta también a disminuir los riesgos y los costos de traslados de los internos a diligencias judiciales. “Estamos proponiendo que se establezcan apoyos judiciales al interior de los centros de reclusión y en los juzgados a través de la construcción de salas de audiencias virtuales”, concluyó.

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Esta iniciativa busca la descongestión de los penales del país y entre sus medidas más importantes se encuentra la creación de cárceles para los sindicados que estarán a cargo de los municipios del país.

“La norma que rige en este momento dijo que se deberían construir cárceles para detención preventiva en los municipios y departamentos. Con este nuevo Código esa obligación es reforzada, hoy en día la sobrepoblación que es cercana a las 40 mil personas. Si dividiéramos 1.200 municipios entre las personas detenidas cada uno de ellos debería hacerse cargo, más o menos, a 30 detenidos, a eso le apunta la propuesta”, sostuvo la ministra.

La jefe de la cartera aseguró que en este momento se están buscando los recursos para la construcción de los nuevos penales en colaboración con el Ministerio de Hacienda, y aseguró que sin esa destinación ya se está trabajando en un proceso de ampliación de los penales a través de las alianzas público-privadas.

“Hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en los 12 pasos que nos permitirán mejorar las condiciones de los establecimientos de reclusión. En el año 2011, por ejemplo, las nuevas personas privadas de la libertad fueron 16 mil, este año fueron solo 13 mil. Esa diferencia se explica en las medidas adoptadas, somos conscientes del problema y estamos buscando las soluciones”, puntualizó.

Frente al tema de los recursos, el presidente del Congreso, Roy Barreras, sostuvo que en abril el Gobierno deberá presentar una ley de traslados presupuestales que permitirá que los departamentos y municipios tengan los recursos para construir las nuevas cárceles.

la vinculación del sector privado

Según la Ministra, este proyecto tiene como finalidad humanizar el sistema penitenciario colombiano, además dijo que la ayuda del sector privado colaborará en la resocialización de las personas privadas de la libertad.

“Las empresas que se vinculen a estos programas podrán obtener beneficios de carácter tributario”, puntualizó Correa.

Además recalcó que las alianzas con el sector privado para la construcción de establecimientos penitenciarios no es una novedad, pues la medida existe desde el año pasado “y en esta ley se especifican las condiciones para la construcción”.

el apoyo judicial

La ministra además anunció que el nuevo Código contempla la obligación de que en los penales haya salas de audiencia virtuales para que los jueces puedan acudir a las solicitudes de los reclusos.

Agregó que pese a que la iniciativa contempla algunos beneficios de excarcelación, “con este proyecto no se está debilitando la ley de seguridad ciudadana. Las personas que no tienen derecho a beneficios no saldrán a la calle. No vamos a deshacinar las cárceles a costa de la ciudadanía, quien tiene una pena deberá cumplirla en las condiciones impuestas”.

Abecé de la Reforma al Código Penitenciario154

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