Contraloría advirtió que el IDU no está listo para ejecutar obras de la fase II de Valorización

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BOGOTA, 20 de Marzo ¬_RAM_ La Contraloría de Bogotá realizó un seguimiento al cobro y la ejecución de las obras de valorización y encontró irregularidades en la estructuración del cobro a que alude el Acuerdo 180 de 2005, por lo cual el organismo de control envío un pronunciamiento al alcalde Gustavo Petro.
El contralor Distrital, Diego Ardila Medina, enumeró las irregularidades encontradas:
De los 35 proyectos pertenecientes al Grupo 2 de la Fase I, sólo 17 están listos para iniciar la etapa de construcción. Los 18 restantes presentan problemas en adquisición de predios, permisos y falta de estudios y diseños definitivos.
De los 965 predios necesarios para la ejecución de las obras Grupo 2 Fase 2, a la fecha solamente se han adquirido 171, que equivalen al 17.72%, es decir, que aún faltan 794, esto es el 82.28% de la totalidad de los predios; porcentaje que es muy elevado si se tiene en cuenta que los dineros para tal fin se vienen recaudando desde el año 2007 y a la fecha el Distrito Capital cuenta con la suma de $143.568.962.679, de los cuales apenas se han invertido en la compra de predios $35.718.018.807.
“Es preciso señalar que de los $143.795.094.247 recaudados a 31 de diciembre de 2012 para las actividades correspondientes a las obras del grupo 2, existe una cartera por recaudar de $11.010.326.280, y sólo se han invertido $40.339.208.773, con disponibilidad en bancos y CDT´s recursos por el orden de $103.461.885.474, los que son insuficientes si se tiene en cuenta que algunos proyectos aún no disponen de los diseños definitivos y el IDU tiene una proyección de recursos a invertir para la compra de predios por valor de $ 202.875.589.561”, dijo Medina.
En cuanto a la liquidación y asignación del monto distribuible, en más de $850.000 millones se detectaron serias inconsistencias e inequidades, ya que fueron excluidos amplios sectores de los estratos 5 y 6, así como predios con uso industrial, sin ningún sustento técnico; lo cual generó que los predios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4 tuvieran que asumir los costos no asignados a inmuebles ubicados en los sectores más exclusivos de la ciudad y con capacidad de pago.
“Las modificaciones a las fechas de asignación han generado un incremento del 37.33% en lo referente a las obras del sistema de movilidad de la fase II, en cuantía de $231.200 millones, ya que el valor inicialmente fijado de $619.607.069.531 por el Acuerdo 180 de 2005 y el valor indexado, a 30 de noviembre de 2012 fue de $850.906.388.587, incremento que tuvieron que asumir los contribuyentes”, agregó el contralor.
Así mismo, dijo que llama la atención que el IDU haya realizado un censo predial duplicando las funciones a cargo de Catastro Distrital, con el agravante que se presentan serias diferencias en las áreas de los predios, factor determinante en el cálculo del monto de la contribución.
“Se evidenció igualmente que el estudio que debía determinar la capacidad de pago de los contribuyentes, aparte de presentar deficiencias, no fue aplicado en su totalidad, conforme a su contenido y alcance, toda vez que en algunos casos se cobró por encima de los rangos establecidos por el mismo”.
En cuanto a la fórmula de reparto de la valorización, la Contraloría de Bogotá pudo determinar que la forma en que la Administración Distrital definió los factores de beneficio, la falta de criterios uniformes para la aplicación de algunos factores y la interpretación subjetiva de los mismos, trajo como consecuencia, inequidades que afectaron a los contribuyentes como son:
Cobro de valorización al área de terreno descartando el área construida: Se pueden cobrar mayores valores por valorización a predios construidos (antiguos) que a predios nuevos que obtienen mayor beneficio con la construcción de las obras.
Errores en la asignación de la clase de uso que permiten eludir la contribución: De acuerdo con base de datos del IDU, se determinó que 182 predios que deberían haber sido clasificados como lotes fueron clasificados con clase de uso residencial, afectado los factores de cobro de la contribución, en detrimento de los predios ubicados en cada zona de influencia.
Factor número de pisos: Indistintamente de que se trate de uso residencial o comercial, la inequidad radica en que se aplicó a los contribuyentes el mismo factor sin tener en cuenta el número del piso del que se es propietario.
Capacidad de pago de los contribuyentes: La normatividad señala que el cobro de valorización debe tener en cuenta la capacidad de pago de los propietarios, razón por la cual el IDU suscribió un contrato por un valor de $53.244.000.
Frente a dicho estudio, la Contraloría de Bogotá determinó que el resultado presentado por el contratista consiste en un concepto sobre la posible capacidad de pago de los habitantes de la ciudad para los estratos 1, 2 y 3 y no un estudio de estimación que le permitiera a la Administración conocer la capacidad de pago existente entre los propietarios de los predios afectados por la Fase II de valorización.
“Es decir que el IDU no tuvo en cuenta la capacidad de pago de los propietarios ubicados dentro de las zonas de influencia contraviniendo lo establecido en el Decreto 1604 de 1966. Esto determina que fue un estudio ineficiente y no se aplicó en su totalidad”, explicó el contralor.

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