Por Carlos Obregón
Un reciente estudio del Banco de la República –“¿El triunfo de Bogotá? Desarrollo reciente”– revela que una persona demora en promedio 70 minutos para ir de su casa al trabajo en bus. Por eso es la ciudad más lenta de América Latina, por encima de megalópolis como Ciudad de México o Río de Janeiro, que están por los 50 minutos.
El problema sería menor si no afectara al menos a 5 millones de personas sin más camino que tomar bus desde las barriadas de Usme, Suba, Kennedy o Bosa, donde viven los pobres y los más pobres de los pobres. Allá donde Transmilenio no es una opción de transporte por diferentes razones, entre otras porque sus trabajos de “rusos”, mensajeros, vendedores ambulantes o empleadas de servicio doméstico no están en las rutas del sistema masivo.
El problema de la movilidad no es nuevo ni es culpa del alcalde Gustavo Petro. Viene casi desde el 9 de abril, cuando se destruyó el tranvía y la ciudad quedó a expensas de los empresarios de los buses. Luego vinieron a agravar el caos los saqueadores de los recursos de la empresa de trolebuses, los alcaldes que pagaron por estudios de un metro que no se ha hecho y unos prósperos empresarios jóvenes –menores de 40 años—y sus amigos que se quedaron con la plata de los contratos de una troncal de transmilenio que no se necesitaba.
Lo que sí es culpa del alcalde es la inmovilidad en que tiene a la Secretaría de Movilidad. Desde el pasado 21 de febrero renunció Ana Luisa Flechas, una académica de la Universidad Nacional a la que en la Alcaldía no le prestaban atención. Con la salida de Flechas, hubo desbandada. De 22 cargos directivos, 8 están interinos y los encargados se sienten sin respaldo para tomar decisiones.
Hoy están en encargo: las subdirecciones de contravenciones y la de investigaciones al transporte público; la subsecretaría de política sectorial, la de servicios de movilidad, el despacho de asuntos legales, el proyecto del Metro, sobre el cual el Banco Mundial acaba de darle aval al Distrito, el sistema de cable que llevará soluciones a los barrios del oriente y el sistema ligero de la carrera 7ª.
Petro ya ofreció el cargo, pero al parecer la gente del perfil requerido no está interesada. Se sabe que dentro de las personas que recibieron oferta está Aída Lucy Ospina, una alta funcionaria del ministerio de Transporte que conoce del tema. El problema en este caso no es solo nombrar una persona sino darle el respaldo necesario para que cumplan sus tareas. “El problema en movilidad es que el alcalde no tiene un equipo que piense los problemas de mediano y largo plazo”, dice la concejal Angélica Lozano, del mismo grupo que ayudó a Petro a ganar el cargo.
Y una duda a propósito del tema de movilidad: Bogotá no la va a tener fácil con la construcción de las obras del Transmilenio por la Boyacá -que algún día se hará-, debido a que se tendrían que intervenir tuberías del Acueducto que llevan agua a 3 millones de personas.
Ciertamente. En Colombia la gente no solo es víctima del bloqueo de vías durante los paros. También se pone la vida en riesgo cuando un militar decide que una ambulancia no puede moverse por la Carrera 7 para atender un caso de emergencia en el Capitolio Nacional. Pasó con el reportero gráfico Ángel Vargas, que tuvo que esperar que la ambulancia diera una absurda vuelta para poder ingresar a la Plaza de Bolívar, porque la seguridad de la Casa de Nariño le prohibió el paso.