Nace en Colombia un grupo paramilitar contra la restitución de tierras

El investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, Ariel Ávila, denunció ayer que hacendados del departamento del Cesar, con aportes de un millón y medio de pesos más un porcentaje por cabezas de ganado o hectáreas, estarían conformando una especie de ‘ejército’ privado antirrestitución de tierras.

El activista de los derechos humanos señaló que la ‘idea’ nació al interior de prestantes familias del departamento, quienes con su ‘contribución’ económica estarían apoyando la formación de un grupo armado que comenzaría a operar en el mes de marzo próximo y que tendría injerencia, además, en La Guajira y Magdalena.

Ávila explicó que el grupo, cuyo nombre y supuesto comandante no se conocen todavía, utilizará un «discurso contrainsurgente con el objetivo fundamental de impedir la restitución» que conlleva la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Según Ávila, desde finales de 2011 se ha registrado en la zona una mayor presencia del Frente 41 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyas acciones motivaron una primera reunión en noviembre pasado en el Cesar, a la que asistieron algunos gremios de ganaderos, miembros de la clase política y comerciantes.

De este modo, ha empezado a germinar «un fenómeno muy parecido a lo que se vivió en la década de 1980» en Colombia, cuando nacieron los grupos paramilitares, desmovilizados más tarde en su mayoría gracias a un acuerdo de entrega de armas coordinado con el Gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006.

En otra reunión celebrada en enero en una zona rural que pertenece al municipio de Codazzi, el grupo de promotores de este ejército privado creció y estableció dos objetivos: impedir la penetración de las FARC de nuevo en el territorio y «evitar que les quitaran todas las tierras que robaron a campesinos».

Para su conformación, según Ávila, «se habla de cuotas de 1,5 millones de pesos más un porcentaje por cada res o por cada cabeza de ganado más un porcentaje por cada hectárea. Se planea sacarlo en marzo».

Según los datos de Nuevo Arco Iris, los asistentes establecieron la contratación de unos 500 hombres hasta final de año, que al parecer serán en su mayoría desmovilizados del Bloque Norte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Ávila consideró preocupante que este modelo de defensa puede ser exportado a los vecinos departamentos de La Guajira y el Magdalena y funcionar con una estructura «casi sicarial contra líderes de asociaciones de víctimas o reclamantes de tierras».

Con este grupo armado, que tendrá un núcleo fuerte en zonas rurales y también prolongaciones urbanas, la ONG teme que se frene con violencia la devolución de tierras a sus verdaderos dueños, los colombianos que fueron despojados.

«Mucho del despojo y abandono que hubo entre 1995 y 2008 llegó a manos de terceros de buena fe, que fueron empresarios y ganaderos que se beneficiaron de esta violencia. Hay quienes dicen que ayudaron para quedarse con eso y otros que se la encontraron en el camino», explicó Ávila sobre los impulsores del nuevo ejército.

En concreto el Cesar concentra más de 200.000 hectáreas de tierras usurpadas y cuenta con la peculiaridad de que los títulos que las registraban desaparecieron cuando el exjefe paramilitar colombiano Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40», ordenó incendiar la notaría que los almacenaba en la capital, Valledupar.

Ávila no descartó que este grupo de nombre aún desconocido pueda establecer alianzas con bandas criminales herederas de las AUC y dedicadas al narcotráfico como Los Urabeños, aunque opinó que el ejército anti restitución preferirá mantener cierta independencia.

Agencias

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