BOGOTA, 03 de Marzo _RAM_ El expresidente Ernesto Samper dice que en el tema de las drogas es necesario descriminalizar el consumo y el cultivo de plantas ilícitas.
El próximo jueves se hará el lanzamiento oficial de su libro Drogas, prohibición o legalización, una nueva propuesta (Debate).
El exmandatario profundiza en las tesis de su nuevo libro, ‘Drogas, prohibición o legalización, una nueva propuesta’, en el que propone, una fórmula para institucionalizar su producción.
El ex presidente Ernesto Samper, en una entrevista que ofreció a un rotativo nacional este domingo señaló que es partidario de una alternativa que no contemple cárcel para quien consuma estupefacientes o cultive plantas ilícitas, las declaraciones las entregó en la víspera del lanzamiento de su libro ‘Drogas, prohibición o legalización, una nueva propuesta’.
Samper en una entrevista con el diario El Espectador aseguró que para controlar el consumo de drogas se deben buscar otras formas de castigo social que no sea las penas en cárcel.
El exmandatario agregó que “También recojo la propuesta del presidente Santos del tema de los impuestos para la distribución, y eso está totalmente validado por los modelos económicos, que dicen que es mucho más fácil controlar una mercancía que funciona legalmente, que una ilegal”.
En el controvertido libro, que sale al mercado este siete de marzo, el expresidente Samper cuestiona con datos y argumentos bien estructurados la guerra actual contra las drogas.
El ex jefe del Estado, en el escrito propone una fórmula para institucionalizar la producción de drogas, al igual que reconoció que en su juventud probó la marihuana y que el fantasma del proceso 8.000, junto a la en su momento estricta política antidrogas de Estados Unidos, hicieron trizas cualquier expectativa que tuviera de cara a una política alternativa durante su gobierno.
Que plantea el Libro
(…) De lo que se trata es de saber si el beneficio actual del control de las drogas ilícitas, enfrentado al daño social que causa en materia de inestabilidad institucional, aumento del crimen, destrucción del medioambiente y corrupción, permite afirmar que la política actual es una actividad económicamente eficiente. Si no lo fuera, la represión, simple y sencillamente, no valdría la pena: pero no por ser buena o mala en sí misma, sino por tratarse de un pésimo negocio. (…)
(…) Está claro que un dólar gastado en el control coercitivo de la producción agrícola de las drogas produce menores resultados que uno invertido en procesamiento o distribución, y que la inversión de dineros en la restricción del consumo a través de controles policíacos resulta mucho menos eficiente que la que se consigue mediante su prevención educativa. El costo de reducir en 1 por ciento el consumo de cocaína acudiendo a la educación de los usuarios es de 34 dólares por cada uno de ellos, en contraste con los 246 que cuesta la punición del tráfico y los 783 que demanda la destrucción de cultivos ilícitos (Rydell y Everingham, en Kopp, 2004). (…)
(…) El problema de la estrategia de fuerza para combatir las drogas ilícitas es que siempre se está mordiendo su propia cola. La prohibición de una droga lleva a la producción de otra que la sustituye en sus efectos y que amplía el espectro de las sustancias que necesitan ser prohibidas. Cuando se prohibieron los opiáceos en los años setenta, aparecieron las benzodiacepinas que han llegado a consumir 600 millones de personas en reemplazo del opio. Lo previsible es que las drogas basadas en componentes naturales serán sustituidas, a causa de su persecución, por estupefacientes artificiales como el éxtasis y las anfetaminas, mucho más potentes y menos costosas en su fabricación que las tradicionales. Un solo gramo de éxtasis produce el efecto de 200 dosis mínimas de cocaína. El mercado actual de estas sustancias artificiales, calculado en más de 50 millones de consumidores permanentes, plantea a las autoridades a cargo de la prohibición desafíos interesantes: ya no se trata de destruir pequeños cultivos de coca en la cordillera de los Andes, interceptar lanchas rápidas en el Caribe o cerrar uno de los miles de huecos que han convertido en un panal la frontera entre México y Estados Unidos, sino de perseguir grandes empresas transnacionales farmacéuticas interesadas en el mercado de componentes químicos para las drogas artificiales; precursores químicos utilizados para el procesamiento industrial de elementos naturales, como la coca y la amapola, y, en un futuro no muy lejano, laboratorios fabricantes de drogas hoy vetadas del mercado. (…)
(…) Entre la legalización de las drogas, que plantea una libertad absoluta en producción, distribución y consumo de drogas ilegales, y la prohibición, que la niega, se abre campo un amplio espectro de posibilidades alternativas que caben bajo el común denominador de la descriminalización de las conductas asociadas al fenómeno de las sustancias ilícitas. En la aplicación de la descriminalización, la conducta de quien consume, produce o vende drogas sigue siendo sancionada socialmente, pero no lleva, de forma automática, a la aplicación de penas, castigos o encarcelamientos. La punición se reemplaza por la regulación, la prevención y la imposición tributaria como partes integrales de una nueva política. Para efectos prácticos, la descriminalización se confunde con la despenalización en que, sin exonerar la conducta, se evita la aplicación de penas para controlarla. (…)
(…) Las experiencias de algunos países que han avanzado en la descriminalización ayudan en la formulación de una política alternativa al prohibicionismo que debe empezar por la separación de los agentes que intervienen en la cadena para distinguir entre el pequeño cultivador, el narco latifundista, los procesadores, las mulas que la transportan, los intermediarios que la exportan y los consumidores que la compran a los intermediarios locales. La pregunta entonces no es si tenemos buenas razones para descriminalizar las drogas, la pregunta es si las tenemos para sobrecriminalizarlas como se ha venido haciendo hasta el momento, hasta caer en la trampa de que las leyes diseñadas para corregir el desorden se consideran válidas por el mero hecho de que se siguen violando. Si de lo que se trata es de proteger la niñez, reducir el crimen, asegurar la salud pública y prevenir el daño de valores, es claro que la prohibición no lo ha conseguido. La descriminalización trasladaría el problema a otro campo de juego: el de prevención, regulación, información y resocialización de los adictos. (…)
(…) La descriminalización ofrece un amplio abanico de estrategias alternativas que se podrían adoptar sin llegar a la legalización ni mantener el statu quo de la prohibición. Algunas de ellas son la venta regulada para administrar el consumo y la distribución minorista de algunos tipos de drogas (Holanda); la diferenciación entre el uso y la adicción como tema de salud pública (Portugal); la regulación estatal de la producción, la distribución y el consumo de marihuana (California y la propuesta reciente del presidente de Uruguay). La política alternativa que se adopte no debería estar inspirada en criterios ideológicos o moralistas. Su estructuración se debe hacer a partir de consideraciones de interés colectivo como el respeto de los derechos humanos, la protección de la salud, la defensa del medio ambiente y la reducción de la criminalidad. (…).