Con la entrega de cinco lanchas de reacción rápida tipo interceptoras a la estación de Guardacostas de San Andrés, el Gobierno Nacional continuó reforzando la seguridad en esa sección del país, incluso en las áreas marinas que otorgó a Nicaragua un fallo reciente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
De acuerdo con la resolución 105 del 27 de febrero de 2013, suscrita por el comandante de la Armada Nacional, almirante Roberto García Márquez, las cinco naves ejercerán la soberanía nacional «en las aguas históricamente colombianas» y protegerán los «intereses del Estado colombiano».
También serán empleadas en el refuerzo de la seguridad marítima de la comunidad isleña mediante el desarrollo de operaciones de salvaguarda de la vida humana en el mar, el control de la preservación animal y el ambiente marino, y el desarrollo de operaciones de búsqueda y rescate.
«El Presidente de la República ha dicho en diferentes pronunciamientos, unos a propósito del famoso fallo de la Corte de La Haya y otros como señales políticas claras de su Gobierno, que protegerá los intereses históricos de los sanandresanos, de los colombianos, en estas tierras y en estas aguas», dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
El funcionario agregó que el Presidente ha instruido a la Fuerza Pública para que se convierta aún más «en un instrumento de servicio a los ciudadanos, en un instrumento que contribuya a proteger y a defender esos derechos históricos».
En ese sentido, anunció decisiones concretas para el archipiélago, como la construcción de una estación de guardacostas en Providencia, de las mismas proporciones que la que opera en San Andrés.
Pinzón recordó que en San Andrés también se ha dispuesto una capacidad aérea especial. La FAC ha desplegado aviones de distinto tipo: naves de intersección, de protección del espacio aéreo colombiano, aviones de transporte, y helicópteros para que estén allí de tiempo completo.
«¿Y esto para qué? Porque queremos seguir persiguiendo el narcotráfico, porque queremos seguir actuando en contra de la criminalidad. Pero porque, de manera muy especial, queremos proteger esos derechos históricos, ¡históricos!, de los colombianos», enfatizó el Ministro.
Anunció que en los próximos meses entrará en servicio el patrullero oceánico ‘7 de Agosto’, de las mismas características del ’20 de Julio’ (1.200 toneladas) que ya navega las aguas del archipiélago junto con las fragatas ‘Caldas’ y ‘Padilla’.
«Veremos también cómo el año entrante llegarán tres patrulleras de costa para proteger esos intereses, esos derechos en el Caribe y en el Pacífico colombiano. Y veremos llegar también cerca de 50 unidades de reacción rápida: interceptoras y botes de distinto tipo que llegarán precisamente al Caribe colombiano, a San Andrés y Providencia y todo este territorio insular», anunció.
Las cinco lanchas de reacción rápida que entregó este viernes el Ministro de Defensa, en compañía del comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas; y del comandante de la Armada, almirante Roberto García Márquez, y del comandante de las FAC, general Tito Saúl Pinilla, tienen una autonomía de 400 millas y tienen la capacidad de desarrollar velocidades superiores a los cincuenta nudos.
Además, están artilladas cada una con una ametralladora calibre punto 50 en la proa (frente) y dos ametralladoras calibre 5.56 a estribor y babor (flancos). Durante las operaciones, estas lanchas están tripuladas por siete hombres, que además de cumplir con la misión de la operación de la embarcación realizan tareas de visita y registro, búsqueda y rescate y apoyo naval
Plan ‘Archipiélago’
Para desarrollar el plan ‘Archipiélago’, enfocado principalmente a realizar operaciones de interdicción marítima para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, impedir y neutralizar las actividades ilícitas como la pesca ilegal, el narcotráfico, la migración ilegal y la explotación indebida de los recursos naturales, la Armada ha incrementado su pie de fuerza en la isla en un 66 por ciento, con 1.065 hombres y mujeres en total.
Igualmente, dispuso nueve unidades mayores, diez unidades de reacción rápida y cinco aeronavales, que en los últimos cinco meses han logrado la incautación de 2,4 toneladas de clorhidrato de cocaína, 6,5 toneladas de pesca ilegal y ha realizado nueve operaciones de búsqueda y rescate en las que se les ha salvado la vida a 19 personas.